El subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, señaló que el proyecto de ley establece un tope de 25 años para la clasificación de la información. “Además se faculta al PEN para que en cualquier momento, pueda ser desclasificada información antes del plazo”, señaló, atendiendo a “un reclamo histórico de las organizaciones civiles”.

El funcionario señaló que los organismos de inteligencia se enmarcarán en la ley 25326 de datos personales. En el proyecto de ley se incorporan normas que restringen más aún la utilización de datos personales por parte de la nueva Agencia Federal de Inteligencia.

Mena señaló que se incorpora una norma que la divulgación de información de datos personales requerirá “una orden judicial”. Situación que no estaba prevista en la normativa actual que regula la materia.

“Somos más restrictivos que la propia ley de datos personales a la hora de prohibir la administración de datos sensibles”, aseguró.

Asimismo se crea un banco de datos centralizado y se establecen normas muy específicas para su almacenamiento. Se crea además la figura de oficial de cumplimiento, que será encargado de proteger y garantizar la base de datos con información de inteligencia.

Con respecto a las modificaciones de las penas, Mena señaló que se incrementan para el caso de intercepción de comunicaciones, elevándola a entre 3 y 10 años, de los 2 actuales. También las penas previstas para la omisión de destruir material, aquel funcionario estaba alcanzado por penas de 3 meses a un año, y ahora será de 2 a 6 años de prisión.

Por último se crean dos tipos penales: las actividades de inteligencia no autorizadas, previendo una pena de 6 meses a 3 años, con inhabilitación especial; y un castigo a las actividades de inteligencia prohibidas, que tendrán de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación.