El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, pidió este martes sancionar “una ley que ayude a tener una Inteligencia al servicio de la democracia en Argentina” y se mostró “abierto a propuestas para mejorar el texto” de la norma.

Durante el debate sobre la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en plenario de comisiones, Parrilli lamentó la ausencia de la oposición y repudió la “actitud casi intolerante de no prestarse al debate”.

“A las instituciones se las defiende debatiendo y estando en las instituciones”, insistió el funcionario ante los senadores oficialistas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Sobre el proyecto que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI), explicó que se busca establecer “un marco jurídico de toda la actividad de todos los organismos de Inteligencia de Argentina, de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos”.

Sobre este último punto, Parrilli destacó un “avance cualitativo muy importante” ya que “la ley vigente no ponía principios ni limitaciones” y “hablaba en forma genérica de amenazas”.

El secretario de Inteligencia precisó que según el texto, los servicios estarán destinados a combatir los delitos de “terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, ciberdelitos y otras formas de criminalidad”.

“Lo que no queremos es que la historia no se repita no hacer seguridad interior, salvo cuando esté en riesgo la seguridad de la Nación”, indicó.

Parrilli remarcó además el artículo 15 bis, que reza que “todas las actividades de Inteligencia deberán ser ordenadas por las máximas autoridades” para “evitar actividades (de los agentes) por cuenta propia con objetivos no explicitados”.

Además, apuntó que los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de contrario ambos serán penalizados.

“Queremos evitar las prácticas nocivas entre funcionarios que no pueden hacer las cosas legalmente”, argumentó.

Ayudado por gráficos, el funcionario dio detalles de las intervenciones telefónicas, puntualizando la realización de 21.604, de las cuales 4.085 “fueron escuchas telefónicas directas, realizadas por organismos que no somos nosotros”.

Detalló en ese sentido que los jueces mandan los oficios a la Dirección de Observaciones Judiciales, casi el 80% se graban y son remitidas a cada juez u organismo para que esa escucha sea revisada. Las mismas luego son enviadas a los jueces.

“4085 son escuchadas por las personas que han requerido esa información”, explicó, señalando que para ese fin va personal de las diversas fuerzas de seguridad, Ministerio Público, y esas escuchas luego son sintetizadas y enviadas a la autoridad pertinente.

Parrilli señaló que se mantiene la comisión bicameral encargada de monitorear el trabajo e los servicios y seguirá teniendo su rol controlatorio. “No modificamos las facultades de control” de ese organismo.

Por otra parte destacó la creación de la Escuela Nacional de Inteligencia, a la que “queremos dar mucho impulso”, y en esa escuela “no solamente van a pasar todos los nuevos funcionarios que se incorporen a la AFI, sino también todo el personal que sea traspasado va a tener que pasar por ahí para hacer cursos”.

Por último señaló que la AFI deberá supervisar las acciones que lleven adelante los exagentes retirados del organismo, y por eso habrá que arbitrar los mecanismos para tal fin.