Con un esfuerzo extra para conseguir el quórum debido a la ausencia de la oposición, el bloque kirchnerista debatirá a partir de las 14 el proyecto oficial, que sufrirá más modificaciones.
En un recinto semivacío, el Frente para la Victoria en el Senado buscará aprobar y girar a la Cámara de Diputados este jueves el proyecto que disuelve la actual SI para reemplazarla por una Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El kirchnerismo deberá esforzarse para reunir el quórum y habilitar la sesión, convocada para las 14, debido al faltazo anunciado de la oposición, que en paralelo realizará una audiencia pública en el Salón Azul.
El proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia sufrirá nuevos cambios en el recinto, que fueron informados este miércoles por el secretario del área, Oscar Parrilli, tras una reunión con el bloque conducido por Miguel Pichetto.
El único bloque de la oposición que participará del debate es el Interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá, aunque bajará al recinto una vez iniciada la sesión.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para continuar el debate este mismo viernes, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad Interior y Justicia que será convocado para las 10.
El desafío del quórum
El bloque oficialista sufriría tres bajas por motivos de salud: las de la salteña Cristina Fiore, quien fue operada de urgencia del apéndice; el chubutense Marcelo Guinle y la aliada correntina Josefina Meabe.
En ese caso, la bancada deberá contar con sus aliados más fieles: José María Roldán (Frente de Todos), María Higonet (PJ La Pampa), Roxana Latorre (Federalismo Santafesino), Gerardo Montenegro (Frente Popular), Gerardo Zamora y Ada Itúrrez de Cappellini (Fte. Cívico por Santiago).
Pero además, el Frente para la Victoria necesitará la presencia del expresidente Carlos Menem o de alguno de los neuquinos Lucila Crexell (MPN) y Guillermo Pereyra (Interbloque Federal) para alcanzar el número de 37 senadores.
El proyecto
El proyecto de ley disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En las disposiciones complementarias, se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI, con la excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como “Ojota”), que pasará a manos de la Procuración General.
También serán transferidas a esta agencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que no necesitará para removerlo.
De conseguir aval, el director de la AFI tendrá rango de ministro y el subdirector general será secretario de Estado.
Por otra parte, la iniciativa oficial también promueve “criterios de transparencia” para el ingreso del personal a la AFI y busca “fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes”. Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
De acuerdo a un cambio que se hará en el recinto, todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia serán públicas; sólo serán reservadas aquellas que “tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas”.
En tanto, los agentes de inteligencia que “infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas (…) incurrirán en irresponsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal”, y no podrán alegar obediencia debida para deslindar su responsabilidad.
Los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de lo contrario serán sancionados.
También se señala que el PEN tendrá un plazo de 15 años para ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información. El texto original establecía 25 años, pero será modificado.
Toda persona física o jurídica con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información, algo que no contemplaba el texto original.
Los archivos de inteligencia se clasificarán de acuerdo a tres siguientes categorías –en principio eran cinco-, que son las de “público”, “reservado” y “secreto”.
En otro de los cambios importantes, se prohibirá a los organismos de Inteligencia Criminal que participen de la actividad relacionada con la represión policial, salvo que sea “por pedido expreso por el juez en una causa determinada”.
Además, se crea un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, y quienes accedan a esa información deberán guardar “el más estricto secreto y confidencialidad”.
Esa base de datos estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida mediante tareas de inteligencia”.
Habrá prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo para los agentes que “indebidamente interceptaren, captaren o desviaren” comunicaciones e información. También se establecen penas para quienes omitan destruir o borrar el material teniendo orden judicial.
Por último, la AFI deberá someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
