Serán para “transparentar” el manejo de fondos reservados y apurar la desclasificación de archivos, que podrá ser solicitada por cualquier persona. Los organismos de Inteligencia no podrán participar de episodios de represión policial.
El proyecto para crear una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sufrirá nuevos cambios en el recinto. Así lo informó este miércoles el secretario del área, Oscar Parrilli, quien se reunió con el bloque de senadores oficialistas a un día de la sesión.
Parrilli arribó al Senado pasado el mediodía junto su segundo, Juan Martín Mena, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quienes encabezaron el encuentro a puertas cerradas en las oficinas del bloque kirchnerista.
Los cambios fueron por instrucción de la propia presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y serán efectivizados este jueves en la sesión, a la que la oposición no asistirá, disconforme con el “tratamiento exprés”.
En primer término, se introducirá una modificación para “lograr transparencia en el manejo de los fondos reservados, no solo de la (ex)SIDE, sino de todos los organismos de Inteligencia”, explicó Parrilli.
La publicidad de las partidas presupuestarias de estos órganos constituía uno de los reclamos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky, que expuso durante el plenario de comisiones.
En principio, todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia serán públicas; sólo serán reservadas aquellas que “tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas”.
Además se aceptó otra de las propuestas del CELS para reducir el plazo para desclasificar los archivos de Inteligencia de 25 a 15 años.
Parrilli informó también que “toda persona física o jurídica con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información”, algo que no contemplaba el texto original.
Por otra parte, la clasificación de los archivos se redujo de cinco a tres categorías: “público”, “reservado” y “secreto”.
En otro de los cambios importantes, se prohibirá a los organismos de Inteligencia Criminal que participen de la actividad relacionada con la represión policial, salvo que sea “por pedido expreso por el juez en una causa determinada”.
En ese caso, los funcionarios deberán ajustarse a los códigos procesales correspondientes.
“La presidenta entendió que debemos avanzar todo lo que podamos para poder lograr una Ley de Inteligencia acorde al momento actual de la democracia argentina”, destacó Parrilli al finalizar la reunión.
El funcionario destacó “la valentía y la decisión de la presidenta de avanzar en un tema tan sensible y espinoso” como la reforma de la norma actual tras la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Por otro lado, lamentó “tener una oposición que ni siquiera siendo oposición es capaz de tomar decisiones tan trascendentes como afectar los intereses que no se pudieron tocar durante los 30 años de democracia y que la presidenta está dispuesta a hacer”.
Del cónclave participaron, entre otros, el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y sus pares Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino.
