Fue presentado por el diputado provincial Mauricio D’Alessandro y tiene por finalidad que se suspenda una medida impulsada por el Ejecutivo, que protege a directores nombrados por el Estado Nacional.
El diputado del Frente Renovador Mauricio D’Alessandro realizó una presentación judicial contra un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que promueve una “autoamnistía” y “blindaje legal” para los funcionarios designados en empresas privadas por el Estado.
El legislador bonaerense y la Asociación Hágase Justicia, presentaron este lunes una medida cautelar contra el Gobierno para que se suspenda la aplicación del decreto Nro. 196 de fecha 12 de febrero de 2015.
Mediante el mismo, el Gobierno otorgó un “escudo legal” para los directores, síndicos, consejeros y otros funcionarios designados por el Estado en empresas y sociedades privadas, en caso de que sean demandados o denunciados.
El Estado viene nombrando directores estatales desde 2008, cuando absorbió la participación accionaria que tenían las viejas AFJP en varias compañías. Al día de hoy, ya se han designado directivos para 42 empresas nacionales.
La “indemnidad legal” que promueve la norma, implica que los gastos de la defensa y por los fallos en contra que puedan tener vinculados con su actuación en las empresas donde el Estado tenga participación accionaria, correrán por cuenta de la administración.
El decreto “incurre en reiteradas irregularidades y es abiertamente ilegítimo, violando principios y garantías constitucionales”, precisa el documento.
Asimismo, señala que significa un claro “blindaje judicial y económico”, y que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos excluyéndolos del orden “civil”.
También se indica que el decreto transforma a “simples empresarios en funcionarios públicos para sustraerlos de la responsabilidad que les correspondería como hombres de negocios”. Asimismo, advierte que los directores son “cargos políticos”.
“Con la ley 26.944 dieron el primer paso, pero en este caso corren el alambre de tal modo que ningún director de las empresas ANSES responderán por impericia o negligencia en la actividad que desarrollen en las mismas”, manifestó D’Alessandro.
“Es virtualmente una autoamnistía, al estilo de la de Bignone, y está enmarcado en todo el proceso que iniciaron hace un par de años con el nuevo código civil, limitando la responsabilidad de los funcionarios públicos”, concluyó el legislador.
