China es hoy potencia mundial en materia económica, y desde hace un tiempo ha comenzado a avanzar en su relación comercial con América latina, constituyéndose en uno de los mercados estratégicos más promisorios para la región y, por supuesto, para nuestro país.

Estoy convencido de que China, junto al resto de Asia pacífico, se puede convertir en nuestro presente y futuro comercial. Particularmente, la Argentina posee recursos claves para el desarrollo de estas naciones que juegan un rol creciente en el escenario internacional. Para tomar dimensión de ello, 20 millones de chinos se trasladan del campo a la ciudad por año, adquiriendo nuevos hábitos de consumo y alimentación, y sus tierras son insuficientes para acompañar este proceso. De modo que un territorio como el nuestro, que dispone de potencial para alimentar a 800 millones de habitantes, tiene mucho que negociar con estos actores. Pero para ello necesitamos una planificación estratégica que privilegie nuestras ventajas competitivas.

En este contexto, el próximo miércoles 25 será tratado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para aprobar el Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión entre la República Argentina y el gobierno de la República Popular China, el cual fue suscrito el 18 de julio de 2014 y ya cuenta con media sanción en el Senado.

Dicho convenio, que ya está siendo implementado por la Presidente mediante la firma de acuerdos específicos en Pekín, despierta fuertes controversias ya que, por ejemplo, en su artículo 5 permite que todas las inversiones que surjan del mismo se realicen sin licitación pública, es decir con contrataciones directas, a cambio de financiamiento chino. En este sentido, el grupo de los ocho ex Secretarios de Energía de la Nación ha advertido que este tipo de adjudicaciones son limitadas en su transparencia, constituyéndose en “fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros y excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras”, además de excluir la provisión de bienes y servicios locales.

Por otro lado, el convenio brinda la posibilidad de contratación de mano de obra de origen chino en la Argentina aplicando las leyes laborales chinas, sin pagar ningún tipo de impuesto o carga laboral al Estado nacional, lo que obstruye la generación de empleo para los trabajadores argentinos en un contexto de desocupación creciente; y a su vez, le otorga discrecionalidad al Ministerio de Economía para firmar convenios específicos entre entidades gubernamentales, sin la debida aprobación y control legislativo.

El desequilibrio en esta relación bilateral, donde nuestro país llegó a alcanzar un déficit de 6000 millones de dólares el año pasado, se observa desde hace varios años. Por ejemplo, en 2005, siendo presidente de la Comisión de Industria, yo mismo presenté un proyecto de resolución (2001-D-05) para defender los intereses de los sectores de la producción y del trabajo nacionales, particularmente las pymes industriales y agropecuarias, las economías regionales y los trabajadores, frente al avance de las importaciones chinas.

Entonces, ¿por qué pudiendo ser grandes colocadores de productos con valor agregado y trabajo argentino incorporado, exportamos cada vez menos a China e importamos cada vez más sus bienes industriales? ¿Por qué pudiendo tener saldos comerciales a favor de nuestro país por sus claras ventajas competitivas en temas agroalimentarios, cada vez son más deficitarios? ¿Por qué aprobaremos un convenio cuyas condiciones no nos ubican como socios estratégicos de China sino como una nueva zona donde ellos puedan realizar sus negocios?

Claramente, la respuesta la podemos hallar, una vez más, no en una planificación de infraestructura, autoabastecimiento energético e incremento de la productividad en el mediano y largo plazo; sino en la urgencia coyuntural del Gobierno por inyectar reservas a través de los recursos que los chinos proveen y mantener tranquila la cuenta capital de aquí a unos diez meses en que finaliza el mandato presidencial.

No se puede dejar de mencionar en este contexto otra de las concesiones realizadas por parte del Gobierno a China en el mes de agosto del año pasado cuando se votó en el Congreso la “inviolabilidad de los depósitos de los bancos extranjeros”. En aquel momento, fuimos solamente ocho los diputados que votamos en contra, argumentando que aquello estaba manifiestamente dirigido a beneficiar a la República de China y que se trataba de la antesala de la falta de un acuerdo comercial estratégico que nos causaría graves daños.

Y basta con mirar a Brasil para darnos cuenta de que la Argentina está desaprovechando la gran oportunidad que nos presenta este inmenso mercado. A diferencia nuestra, el país vecino estableció un plan decenal de cooperación basado en un fuerte debate punto por punto y en una acción conjunta guiada por las características y necesidades de ambos países; las estrategias de desarrollo y leyes de las dos naciones; y los principios de beneficio mutuo, desarrollo común, viabilidad y eficiencia.

Por todo ello, vuelvo a insistir en que no perdamos como prioridad los intereses de nuestro futuro; no nos reduzcamos a la emergencia de la coyuntura actual para lograr cualquier tipo de acuerdo internacional. El resto de los países cuidan sus intereses y estructuras y van a sacar el mayor provecho de los límites que nosotros no establezcamos. En definitiva, seamos partícipes y no miremos desde afuera el modo en que se está reacomodando el mundo.