Ante la muerte de un joven estudiante de segundo año de bachillerato en San Cristóbal, Táchira, la senadora nacional e integrante del Parlamento del Mercosur Laura Montero se preguntó este miércoles “¿cuántas muertes más vamos a tener que esperar para condenar los hechos de violencia que están ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela?”.

“Las organizaciones internacionales, la Unasur y muchos que hablan en nombre de la vida y la paz, callan ante esta muerte, callan ante el arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y callan ante la persecución a quienes están en la oposición. Un grupo de ciudadanos que pedían por sus derechos sufre el atropello de la Policía Regional, que responde a Maduro y haciendo uso desproporcionado de la fuerza vuelven a regar de sangre joven ese territorio. Venezuela vive una crisis institucional muy grave, que se suma a los graves problemas sociales y económicos que tiene”, expresó Montero.

“El año pasado presenté dos proyectos: uno de ellos de declaración (4295) en el Senado de la Nación, donde pido que la Cámara alta exprese su preocupación, repudie y condene los graves hechos de violencia que habían ocurrido en Venezuela. En el otro proyecto, presentado en el Parlamento del Mercosur (en Montevideo, Uruguay bajo la denominación MEP/05/2014) acompaño la declaración del presidente y la Mesa Directiva del dicha institución internacional; la cual -por resolución del 17 de febrero de 2014- lamentó y repudió la situación de violencia e intolerancia que se vive en ese país. Tal vez si los organismos internacionales y los presidentes de la región se hubieran expresado a tiempo y hubieran ayudado a volver a la cordura a Maduro, no tendríamos que seguir lamentando más muertes como la de Kluiverth R”, manifestó Laura Montero.

Montero explicó que solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su “profunda preocupación” por la situación política en Venezuela y “las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos”, ante la detención de civiles en instituciones militares.