La legisladora aseguró que en las zonas de emergencia de la Ciudad no rige el Servicio Público de Higiene Urbana. Señaló como principales dificultades la recolección de basura, la falta de limpieza y contenedores.
La diputada porteña Claudia Neira (FpV) presentó un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires sobre el “Servicio Público de Higiene Urbana en Zonas Vulnerables (S.P.H.U.V.)”. El contrato, que rige desde octubre de 2014, contempla la necesidad de proveer un servicio de calidad para estas zonas y, entre otras cosas, la recolección de basura dos veces por día, cestos papeleros en las aceras e higienización de contenedores.
Según la legisladora kirchnerista el contrato “no se cumple” y señaló que “en la villa 1-11-14 y en el barrio Rivadavia los vecinos denuncian permanentemente el abandono: la baja frecuencia en el retiro de los contenedores, y una ausencia de limpieza general de pasillos y calles laterales que generan una acumulación de residuos en los pocos espacios reservados a este fin. Esto se acrecienta en fines de semanas y feriados”.
Y agregó: “en la villa 20 se encuentran únicamente 4 contenedores de gran porte y 10 pequeños, a lo largo de un radio de 20 cuadras”.
El programa además estipula un Plan de Relaciones con la Comunidad (PRC) a través del cual el contratista debe elaborar un programa específico con los habitantes de las villas que ejecutarán la tarea de limpieza y mantenimiento, mediante cooperativas designadas. Neira sostuvo que “no se ve ningún avance en la consolidación del plan” y continuó: “en algunos lugares no sabemos cuáles son las cooperativas que van a trabajar y en otros lugares, como en la villa 31, están asignadas las cooperativas pero aún no se formalizaron los planes de ejecución”.
Por otro lado, y en cuanto al Ente de Higiene Urbana que presta el servicio, Neira manifestó que “en la Comuna 8, y por tanto en todos los asentamientos de Lugano y Soldati, se observa una notable diferenciación en el dinero que recibe esta empresa en relación a las otras, a saber 258 millones de pesos, frente a los 5.700 millones que se reparten las seis empresas privadas”.
Para finalizar, la legisladora advirtió: “este desmantelamiento del Ente ha sido denunciado por los trabajadores quienes temen que sea la antesala de una privatización”.
