Desde las 21.30, Diputados discute el proyecto para crear una Agencia Federal de Inteligencia, que será convertido en ley sin apoyo de la oposición. Se acordó como hora de votación las 3.30.
Tras ratificar los acuerdos con China, la Cámara de Diputados debate la reforma a la Ley de Inteligencia, que el oficialismo se apresta a sancionar sin apoyo de la oposición en una discusión que se extenderá hasta la madrugada de este jueves.
El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 120 días.
La presidenta de la comisión bicameral de control de estos organismos, María Teresa García (FpV) destacó que se trata de “un nuevo concepto en materia de Inteligencia”.
En las disposiciones complementarias, se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI, con la excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como “Ojota”), que pasará a manos de la Procuración General.
También serán transferidas a esta agencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que no necesitará para removerlo.
De conseguir aval, el director de la AFI tendrá rango de ministro y el subdirector general será secretario de Estado.
Por otra parte, la iniciativa oficial también promueve “criterios de transparencia” para el ingreso del personal a la AFI y busca “fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes”. Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
Todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia serán públicas; sólo serán reservadas aquellas que “tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas”.
En tanto, los agentes de Inteligencia que “infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas (…) incurrirán en irresponsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal”, y no podrán alegar obediencia debida para deslindar su responsabilidad.
Los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de Inteligencia a través de su director y subdirector, o de lo contrario serán sancionados.
También se señala que el PEN tendrá un plazo de 15 años para ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información. El texto original establecía 25 años, pero fue modificado.
Toda persona física o jurídica con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información, algo que no contemplaba el texto original.
Los archivos de inteligencia se clasificarán de acuerdo a tres siguientes categorías –en principio eran cinco-, que son las de “público”, “reservado” y “secreto”.
En otro de los cambios importantes, se prohibirá a los organismos de Inteligencia Criminal que participen de la actividad relacionada con la represión policial, salvo que sea “por pedido expreso por el juez en una causa determinada”.
Además, se crea un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, y quienes accedan a esa información deberán guardar “el más estricto secreto y confidencialidad”.
Esa base de datos estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida mediante tareas de inteligencia”.
Habrá prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo para los agentes que “indebidamente interceptaren, captaren o desviaren” comunicaciones e información. También se establecen penas para quienes omitan destruir o borrar el material teniendo orden judicial.
Por último, la AFI deberá someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
En diálogo con la prensa acreditada en la Cámara baja, Teresa García adelantó que podría modificarse el reglamento de esa comisión para adecuarlo a la nueva ley, sobre todo en lo que hace a la publicidad o la reserva de los archivos y los gastos de la AFI.
No obstante, aclaró que a pesar del reclamo opositor para tener mayoría, la integración de la comisión no se modificará y continuará funcionando como el resto, es decir, con mayoría oficialista. “No hay por qué tener una consideración diferente”, razonó García.
