Diputados del FpV presentaron en rueda de prensa hoy un proyecto de declaración donde expresan “su repudio ante la sentencia emitida el 19 de febrero del 2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la cual desestima la posibilidad de investigar las torturas y vejámenes que sufrieron soldados argentinos durante la guerra de Malvinas por parte de sus superiores”.

Con la presidencia de un grupo de diputados del FpV encabezados por el diputado Miguel Funes, y con el respaldo de las principales autoridades de la Cámara baja provincial, Horacio Gonzalez y José Ottavis; Mario Volpe y Ernesto Alonso, representantes del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) encontraron un escenario más para hacer público su repudio al fallo de la Corte y formaron parte de la presentación de esta iniciativa parlamentaria.

Si bien el proyecto de declaración es iniciativa del FpV, según la diputada Fernanda Raverta, presidente de la comisión de DDHH, es de esperar que el resto de las expresiones políticas que cuentan con representación parlamentaria “acompañen la iniciativa” en los próximos días cuando sea considerada en Comisiones como así también en el recinto.

Como se sabe, el 19 de febrero del presente año la Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – CECIM La Plata – de la sentencia definitiva que decide desestimar el recurso de hecho presentado y el cual recorrió “un largo camino procesal”. La resolución de la Corte clausura la posibilidad de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por Oficiales y Suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra acaecida en 1982 en las Islas Malvinas.

El proceso penal fue iniciado en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande en virtud de las denuncias de 74 casos de maltratos de soldados durante la guerra del Atlántico Sur de 1982 por parte de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas argentinas. Sus testimonios incluyen asesinatos de soldados, torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos.

Jorge Eduardo Taranto, uno de los imputados a quien se le atribuye la comisión de cinco casos de tormentos, solicitó la clausura del proceso alegando que la acción penal se había extinguido por prescripción. Sin embargo, el Juez de Instrucción primero, y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia luego, rechazaron el planteo del imputado entendiendo que se trató de crímenes de Lesa Humanidad y, por lo tanto, no prescriben.

Esto fue más tarde revocado por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal entendiendo que la categoría de “lesa humanidad” exigiría una conexión entre uno o más atentados individuales, por un lado, y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población civil, por otro, que no se aplicarían en este proceso. Así, la acción penal fue declarada extinta y el imputado Taranto fue sobreseído.

A pesar de un posterior recurso de casación contra dicha sentencia, “se concluyó que en el caso no concurre el elemento de contexto que permitiría asignarle a los hechos investigados el carácter de lesa humanidad propiciado por los impugnantes”. Una vez más, el CECIM impugnó ese rechazo mediante un recurso extraordinario federal que fue finalmente rechazado.

En la presentación pública de la iniciativa que se presentó hoy, se recibieron adhesiones de las autoridades nombradas, como así también del presidente de la bancada del FpV, Fernando Navarro, Marisol Merquel y Lucia Portos. Estuvieron presentes los diputados Miguel Funes, Fernanda Raverta, Rocio Giaccone, Leonel Zacca, Viviana Nocito y Gabriel Di Marzio, todos ellos del FpV.

En la presentación, Ernesto Alonso, representante del CECIM, adelantó que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y detalló “la Justicia que hoy quiere sostener la impunidad, reivindica la doctrina del Punto Final”.