A poco de que ingresara al Senado la solicitud de acuerdo para que Roberto Carlés integre la Corte Suprema de Justicia, la diputada nacional Carla Carrizo (Suma +) reclamó que sea una mujer la que ocupe el cargo vacante en el tribunal y presentó un proyecto de ley para “garantizar la igualdad de género” en dicha institución.

Carrizo consideró “que el debate no es reemplazar el sucesor del doctor (Eugenio) Zaffaroni [quien renunció en diciembre] sino garantizar la igualdad de género, nominando una mujer en reemplazo de la doctora Carmen Argibay [fallecida en mayo] y legalizar los mecanismos de designación por ley, que hoy son por decreto”.

“Sólo así cumpliríamos con los artículos 37, 75 inciso 23 y 99 de la Constitución, los acuerdos internacionales y podría hablarse de avances en la democratización”, aseguró.

Por un lado, la diputada quiere modificar el decreto 1285 de 1958 -antigua norma que organiza nuestro Poder Judicial en la Nación- porque considera “una paradoja que el Poder Judicial en democracia se organice en el decreto de una dictadura, lo que fue advertido por la Corte Interamericana”.

El proyecto adapta la normativa sancionada durante la dictadura del militar Pedro Aramburu “a la reforma constitucional de 1994, a los compromisos internacionales asumidos y a los parámetros de transparencia que deben regir en la designación de los integrantes de los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial”.

Por otra parte, Carrizo propone que “el número de jueces del mismo sexo nunca podrá superar en más de uno a los del otro sexo, a fin de garantizar la paridad de género”. Así, si la Corte está integrada por cinco miembros, dos deberán ser del sexo femenino.

Si el proyecto fuera aprobado, esto bloquearía la designación de Carlés ya que actualmente la Corte está integrada por tres hombres y una mujer: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco.

Asimismo, Carrizo propone que “en caso de modificarse el número de integrantes, este principio deberá respetarse siempre que dicho número sea impar, y en caso de ser par deberá integrarse con un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de varones”.

Con respecto al cupo femenino, la diputada consideró “curioso que este punto se le haya pasado a la Presidenta, quien instaló la idea de la democratización de la Justicia pero se olvidó de la igualdad en la Corte y la expresión ‘todas’, no sólo ‘todos’, para indicar en el lenguaje la idea de igualdad”.

En relación a los procesos de transparencia, Carrizo valoró que el expresidente Néstor Kirchner dictó en 2003 el decreto 222, por el cual se estableció un procedimiento que “garantiza la transparencia y la participación ciudadana en la selección de los magistrados de la Corte Suprema”.

Sin embargo, lamentó que dicho procedimiento no esté regulado por decreto y adquiera valor legal. “No sólo porque la ley es más que un decreto sino porque así se garantiza que estos procedimientos no sean modificados discrecionalmente por los eventuales titulares del Ejecutivo”, indicó.