La presidenta de la UCR La Rioja, Inés Brizuela y Doria, habló de una “responsabilidad directa” del primer mandatario provincial por la tragedia de Villa Castelli que se cobró la vida de 10 personas el lunes.

“Es una pérdida irreparable, una tragedia muy dolorosa que enluta a la provincia. Pero hay responsabilidades específicas por tratarse de un bien público que fue adquirido con un destino específico determinado: tareas de servicios públicos, como vuelos sanitarios, de rescate, asistencia en incendios, y que habitualmente era utilizado por el gobernador y sus funcionarios para cuestiones privadas. Podría dar lugar a acciones penales, y estamos analizando la posibilidad de solicitar Juicio Político al gobernador”, adelantó.

Recordó el escandaloso episodio que protagonizó el hijo del gobernador riojano Beder Herrera, utilizando la aeronave, y el uso que le daban varios funcionarios para cuestiones personales, ajenas al servicio público previsto por ley.

La diputada provincial riojana dio algunas precisiones respecto al uso del helicóptero siniestrado, que era propiedad de la provincia: “la habilitación para una aeronave de uso público es totalmente diferente de la que se requiere para aeronaves privadas.

Según el Código Aeronáutico, la aeronaves de uso público, como el helicóptero de propiedad de la Provincia, se identifican con una inscripción distintiva en el Registro Nacional de Aeronaves, con la Matrícula LQ. Sólo las aeronaves privadas pueden desarrollar actividades comprendidas en la aeronáutica comercial, como el transporte aéreo y el trabajo aéreo, para lo cual se requiere siempre concesión o autorización previa.

En este caso, la adquisición fue autorizada por compra directa -mediante ley provincia-, por el monto total de U$S 3.200.000, y destinada a cumplir tareas de utilidad pública tales como traslados sanitarios, rescate y evacuación de personas, y asistencia en catástrofes naturales o sociales.

Fue inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves como aeronave pública, bajo la Matrícula LQ-CGK; lo que marca de manera categórica que no podía efectuarse con ella ninguna actividad comprendida en la aeronáutica comercial.

Lamentó que “el helicóptero estaba siendo utilizado para trasladar personas que realizaban una actividad comercial, por lo tanto una actividad rentada, de carácter internacional, vedada para éste tipo de aeronaves”.

Luego hizo la crítica política: “esto es parte del uso que hace Beder Herrera de la cosa pública como si fuera parte de su hacienda privada, y conociendo el estilo que tiene este señor, imagino que habrá autorizado por mensaje de texto, el uso del helicóptero para el traslado de la gente que perdió la vida”.

Pedidos de informes y juicio político

La legisladora adelantó que su bloque en la Legislatura provincial presentará para la sesión del próximo jueves, pedido de informes mediante minutas de comunicación, dirigidos al jefe de Operaciones del Aeropuerto, al director de Aeronáutica de la Provincia, y a la Policía Aeroportuaria. También a la Secretaría Legal de la gobernación, por el supuesto convenio de cooperación con el gobierno de Santiago del Estero para llevar adelante este actividad.

“Necesitamos la información completa, saber bajo qué figura se cedió el uso de la aeronave, cual fue el plan de vuelo declarado, finalidad y destino, si la aeronave tenia la habilitación correspondiente. Y las condiciones técnicas, la cantidad de vuelos. Hay organismos de control que deberían haber intervenido y no sabemos si intervinieron, por las características del hecho”.

“Lamentablemente la corrupción ataca siempre a los que menos tienen. El helicóptero adquirido para uso sanitario, nunca habría sido utilizado para ese fin. Muchos riojanos perdieron la vida en la espera de conseguir un medio de traslado aéreo para su derivación. Esto, sumado al negocio de la contratación de vuelos sanitarios de Santiago del Estero, por los cuales el Ministerio de Salud paga entre $ 100.000 y $ 150.000. Un negocio redondo, sin dudas”.