La renovación producida en la Corte Suprema a partir del año 2002 significó un gran paso adelante en la consolidación de un estado social y democrático de derecho. Pero fue algo más: un cambio con perspectiva de género que abrió un camino para la inclusión de la mujer en los ámbitos de decisión.

El más alto tribunal de la República por primera vez en su historia tuvo dos magistradas entre siete. El compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de género nutrió muchos precedentes emblemáticos para el cambio de enfoque en la interpretación y aplicación de las normas. Menciono sólo dos: el caso Leiva, M.E. s/Homicidio (2011) que profundizó la cuestión de la legítima defensa en situaciones de violencia familiar, estableciendo pautas de valoración de pruebas sin estereotipos ni sesgos discriminatorios; y el caso F.A.L s/medida autosatisfactiva (2012) sobre la interrupción del embarazo en caso de violación, interpretando el Código Penal con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Pero la participación de mujeres juristas en la Corte no sólo iluminó nuevas sendas en la jurisprudencia de la igualdad, sino que generó compromisos muy concretos en el Tribunal: la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica.

Ambas iniciativas irradiaron su ejemplo en todo el país, impulsando la creación de oficinas similares en los poderes judiciales de las provincias.

La Oficina de la Mujer –que dirigió Carmen Argibay hasta su muerte- visibilizó la composición desigual del poder judicial: en los cargos inferiores se ubican mayoritariamente las mujeres; en los superiores, se ubican los varones. El Mapa de Género de la Justicia argentina lo demuestra con claridad: los tribunales superiores del país están conformados por un 78% de varones y un 22% de mujeres. Las Cámaras Federales se integran con un 67% de varones y un 33% de mujeres. Los jueces de primera instancia son varones en un 66% y mujeres en un 34%. En la grilla de secretarios ya la ecuación se invierte: las abogadas mujeres superan el 50% en todos los fueros.

Traducido en cifras, se vio con claridad el techo de cristal: somos todos formalmente iguales, pero hay una línea invisible que opera como techo para detener la participación de las mujeres en los lugares de mayor responsabilidad profesional y política. Por ello hablamos del cupo como herramienta para asegurar la igualdad. Por ello se implementa el cupo en los Parlamentos y por ello se consagró expresamente el cupo para la integración del Tribunal Superior en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de 1996.

Hoy se ha iniciado un proceso de designación de un miembro para integrar la Corte. Más allá de consideraciones y evaluaciones propias de las distintas posiciones políticas, lo cierto es que el debate debe centrarse en la necesidad de respetar y honrar ese camino que comenzó a abrirse en 2002 cuando se inició un proceso de renovación y debe proponerse en consecuencia, una jurista mujer para ocupar la vacante en discusión, con profundo compromiso con los valores democráticos de igualdad.

Los cambios están en marcha y ellos no hubieran sido posibles sin la iniciativa de las mujeres que conformaron –y una de ellas continúa conformando- la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto órgano de decisión del Poder Judicial del país.

No retrocedamos en la construcción de un Poder Judicial con más igualdad en una sociedad más inclusiva y democrática.

*Exdiputada por el Partido Socialista y exintegrante de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal.