El diputado nacional Manuel Garrido realizó este viernes dos denuncias: una en contra de los directivos de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), a raíz de “irregularidades” detectadas en la construcción y puesta en funcionamiento de grandes centrales termoeléctricas en el marco del proyecto para la ampliación de la capacidad de energía eléctrica iniciado en julio del 2007. La otra, para que se investiguen irregularidades en la compra de combustibles por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), entre las que se incluyen supuesto pago de sobreprecios, omisión de informar acerca de la calidad del combustible y falta de control de los fondos destinados a dichas transacciones.

Ambas denuncias se desprenden de auditorías realizadas por la AGN y señalan la comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

De acuerdo con el diputado Garrido, “ENARSA omitió incluir en el pliego de especificaciones técnicas de los contratos de licitación para la construcción y puesta en marcha de las grandes centrales termoeléctricas algunas obras que eran esenciales para poder llevar a cabo esas construcciones y posteriormente las incluyó como ‘adendas’ bajo la modalidad de la contratación directa. Entre ellas, la inclusión de dos estaciones transformadoras para poder despachar la energía generada, la construcción de líneas de alta tensión, la construcción de una terminal de hidrocarburos y la construcción de un gasoducto para abastecer a una de las centrales”.

Agregó que “para seleccionar a la empresa contratada por medio de contratación directa, ENARSA se basó un pliego de especificaciones técnicas y un presupuesto elaborado especialmente por la empresa Transener S.A. cuyo director es a su vez el responsable técnico encargado del proyecto de las Grandes Centrales Termoeléctricas”.

En el caso de la denuncia contra CAMMESA, Garrido consideró que “en las auditorías del período 2009 y 2010 CAMMESA no realizó ningún procedimiento de cotejo de precios para la compras de combustibles a PDVSA y éstos fueron superiores a los del mercado, cuando, por el convenio firmado el 6 de abril del 2004 entre Argentina y Venezuela, se estableció que las ventas efectuadas por parte de PDVSA a CAMMESA se realizarían de acuerdo al valor de mercado de dichos combustibles líquidos. Según el estudio de la AGN, la mayor diferencia de precios se encuentra en el denominado “premio”, que incluye el valor del flete desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino más el valor del seguro”. Y agregó: “En segundo lugar, CAMMESA, en respuesta a un requerimiento de la AGN referido, entre otras cosas, a la calidad del combustible importado, presentó una planilla detallando algunas de las características del producto importado, excluyendo el dato referido al tenor del azufre de cada cargamento. Este dato es importante porque, en general, el combustible generado en Venezuela contiene valores de azufre superiores al máximo del 1% establecido como parámetro de calidad en la Resolución de la Secretaría de Energía N°1283/2006”.

Garrido concluyó señalando que “ambas contrataciones son arbitrarias y engañosas. Julio De Vido, como responsable del Ministerio de Planificación, es responsable de la debacle energética que atraviesa el país”.

La denuncia contra ENARSA recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 a cargo del juez Sebastián Casanello (causa N°2337/2015) y la denuncia contra CAMMESA cayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°9 a cargo del juez Luis Rodríguez (causa N°2338/2015).