Mientras los partidos políticos avanzan en la definición de sus precandidatos presidenciales y en acuerdos electorales, se reactivaron las propuestas para que los debates entre los postulantes a la jefatura de Estado sean obligatorios.

Es así que la diputada nacional Carla Carrizo (Suma+ ECO) sumó otro proyecto de ley para obligar a los candidatos a debatir ante toda la ciudadanía.

“En Argentina sobra comunicación gubernamental y falta información a la hora de votar en una elección presidencial”, señaló la diputada. Para Carrizo, “en nuestro país existe una asimetría enorme entre las obligaciones políticas que tienen los ciudadanos y las asignadas a la dirigencia política”.

“Se trata de equiparar esos derechos. Por empezar, el voto, por suerte, es obligatorio pero la información, que es un derecho, no está garantizada”, evaluó.

“¿Por qué si para los ciudadanos es obligatorio votar no debería ser una obligación para los precandidatos a presidente informarnos?”, reflexionó Carrizo.

Asimismo, la politóloga señaló “que la publicidad partidaria, que es lo que está garantizado por ley, no es sinónimo ni de información ni de comunicación política”.

“Necesitamos crear un espacio donde los candidatos a presidente estén obligados a informarnos sobre cuáles son sus posiciones porque la elección de un presidente es una decisión clave para un ciudadano y en ese proceso no se trata de aplaudir sino de poder ponderar y elegir. Y eso, que es básico, no está garantizado hoy en el país”, opinó.

“Ocurre en las democracias que funcionan bien, y sin necesidad de que lo indique una ley, ¿por qué Argentina tendría que ser una excepción”, finalizó.

La propuesta

Si bien hay ocho proyectos similares y con estado parlamentario en la Cámara de Diputados y ninguno en la Cámara de Senadores porque el que había -de María Eugenia Estenssoro, Norma Morandini y Luis Juez- perdió estado parlamentario, Carrizo asegura que su iniciativa se distingue del resto.

En primer lugar, el proyecto acota el debate sólo a candidatos a presidente. En segundo lugar, utiliza la cadena nacional para garantizar su nacionalización. En tercer lugar, introduce actores no estatales en el proceso: serán la Cámara Nacional Electoral junto a asociaciones de la sociedad civil las encargadas de implementar el proceso de organización de una encuesta nacional con el objetivo de determinar los temas de política pública que el electorado considere prioritarios y sobre los que habrá de versar el debate, garantizando que el diseño de la encuesta y sus resultados sean de carácter público.

Finalmente, la iniciativa incorpora una metodología para el sorteo en la dinámica y un financiamiento mixto, estatal y privado, para todo el proceso.