La iniciativa corresponde al diputado Valdés, quien además propone incluir en las zonas así declaradas a las actividades industriales, comerciales y de servicios.
Como respuesta a la delicada situación que atraviesan distintas zonas rurales del país, el diputado nacional Gustavo Valdés (UCR-Corrientes) presento un proyecto de ley para destinar más presupuesto a las zonas declaradas en estado de “emergencia y desastre agropecuario”.
La iniciativa modifica la norma 26.509 que regula las áreas así declarada. “La ley resulta un instrumento positivo en la medida en que se aplique con eficacia y con los recursos indispensables, cosa que en los hechos no sucede, porque además solo contempla la emergencia en las explotaciones agropecuarias, prescindiendo de las actividades industriales, comerciales y de servicios que tienen relación directa con las actividades agropecuarias”, observó Valdés.
En tal sentido, el correntino propone modificar los artículos 5, 6, 17 y 20 de la citada ley. “Con la modificación, incluyendo todas las actividades relacionadas con el agro, se verán beneficiadas miles de personas que sufren los daños climáticos que afectan a las economías regionales donde la principal fuente de ingresos la constituye la actividad agropecuaria”, sostuvo el legislador.
Además, Valdés consideró que “hay que actualizar el monto del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), que actualmente es de 500 millones de pesos, incrementándolo a 1.000 millones de pesos anuales, actualizables en base al índice de precios al consumidor establecido por el Indec”.
“El Ejecutivo Nacional debe reconocer la realidad del deterioro de nuestra moneda, entender y aceptar que ‘existe inflación’ en nuestro país y que los montos establecidos en pesos sufren la desvalorización de la propia moneda”, afirmó.
El diputado señaló que “en las últimas semanas las inundaciones han afectado a miles de argentinos en Corrientes, Santa Fe y Tucumán, es por este motivo que este proyecto de ley propone ampliar todo lo pertinente de las disposiciones de emergencia y desastre agropecuario abarcando ahora las actividades industriales, comerciales y de servicios y la actualización de los fondos permanentes para hacer frente a la emergencia agropecuaria”.
