Hoy vienen a nuestra memoria una secuencia de hechos violentos, inhumanos, como son la persecución, la prohibición, la ilegitima privación de la libertad, la tortura física, vejaciones, desapariciones de personas, apropiaciones y robo de bebes, y la muerte…todas como prácticas habituales y permanentes llevadas adelante por las Juntas Militares, integradas por las Fuerzas Armadas como la cara visible de un plan sistemático y macabro, mucho más amplio que el denominado Proceso de Reorganización Nacional, ya que contaba con una ideología destinada a destruir toda forma de participación popular a través del temor y del miedo, enmudeciendo a la población con un “orden, sin ninguna voz disidente”.

Antecedentes de este dominio fueran las reiteradas intervenciones al orden constitucional que sufrió la Republica Argentina a lo largo del siglo pasado, siempre con mayor ensañamiento cuanto más populares eran los gobiernos, como en el caso del de Juan Domingo Perón, lo que ya marcaba la motivación política e ideológica de los golpes. En 1976, se implantó la práctica de violaciones a los Derechos Humanos a través de la tortura física, psíquica, desaparición y posterior muerte de miles de militantes del campo popular, obreros, estudiantes, dirigentes barriales, religiosos, universitarios, deportistas, intelectuales, amigos “de”, quienes fueron objeto de horribles suplicios, y casi con una asombrosa “misión humanitaria” de demonios disfrazados de ángeles, se aprovecharon y robaron bebes, muchos de los cuales, a pesar de los esfuerzos de la democracia, aun siguen sin su identidad.

No había respiro. El miedo y el temor dieron paso a los más tenebroso y oscuro de la humanidad, solo comparado con la política de exterminio de la Alemania nazi. Precisamente eso fue lo que imitó la dictadura militar, que aquel 24 de marzo de 1.976 tomó el control absoluto de la organización estatal, e implementó una metodología de aniquilamiento, a la cual la hizo sostenible en el tiempo para cumplir y lograr lo que ellos consideraban el premio mayor, la ambición desmedida y lujuriosa, a la cual no le importó asentar su bienestar y felicidad sobre miles de muertos. Dejaron de lado sus promesas a la Patria, sus juramentos a los símbolos, sus principios, y alocadamente pusieron en marcha el Plan Económico, designando su representante, Martínez de Hoz, un civil, que en su andar dejo claro que respondía a los sectores de mayor poder económico nacional e internacional, cumpliendo así con un plan que hasta hoy padecemos los argentinos, con una deuda pública y privada duplicada. Y además con la posterior privatización de la mismísima deuda privada.

Se destruyó el sistema productivo argentino. Las empresas locales perdieron todo tipo de protección, se estimularon las actividades financieras, la deuda creció ferozmente y sin registros, generando un verdadero terrorismo económico.

A todo esto, la parsimoniosa reacción de la comunidad política e institucional internacional fue cómplice. Solo superada por organizaciones humanitarias que merecen destacarse por su rigurosa lucha en defensa de los derechos humanos de los detenidos y desaparecidos, entre los que se encuentran: Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos, Amnesty International, Cruz Roja Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Mundial de Iglesias, Federación Internacional de Derechos Humanos, Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Pax Christi Internacional, Asociación Internacional Contra la Tortura, Asociación de Juristas Demócratas, Liga Internacional para la Defensa de los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Penal Law Asociation, Minority Rights Group, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Federación de Familiares de América Latina, CLAMOR de Brasil, Vicaría de la Solidaridad de Chile, entre otras.

A esta altura es propicia la ocasión para desafiar el olvido cómplice y recordar a los sanluiseños que fueron víctimas del terrorismo de Estado: Ana María Ponce, Domingo Britos, Marcos Ibañez, Santana Alcaraz, Jorge Reynaldo Ruarte, Norma Monardi, Jorge Gabriel Pujol, Lubino Amodey, Félix Roque Giménez, Adolfo Enrique Pérez, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Carlos Luis Mansilla, María del Carmen Bosco, Carlos Juan Allende, Fred Mario Erns, Luis Canfaila, Alfredo Felipe Sinópoli, Luis María Frumm, Graciela Fiochetti, Julio Everto Suárez, Elsa Alicia Landaburu, Mauricio López, Dante Bodo, Jorge Luis Ruffa, José Oscar Robustelli, Ricardo Enrique Saibene, Jorge Omar Cazorla, Tomás Horacio Carrucaburu, Nolasco Leyes, Aníbal Torres, Pedro Valentín Ledesma, Ángel Arturo Avellaneda y Domingo Edgardo Chacón.

Hace un tiempo atrás, y en hechos de público conocimiento vinculados a actos de terrorismo internacional como el atentado a la Embajada de Israel, o a la AMIA, con sus innumerables víctimas directas e indirectas, y todo bajo el paraguas democrático, se puso en evidencia que aun existen y persisten en las estructuras estatales, personajes trágicos y oscuros que insisten en la utilización de metodologías que a todas luces debemos oponernos, y luchar firmemente para desterrarlas.

Nuestra joven democracia solo perdurará y se fortalecerá si comprendemos que la reconciliación y la construcción de la misma significan que, entre otras cosas, debemos empeñarnos en conocer la verdad acerca de ese pasado fatal, y cerciorarnos de que se haga justicia, y que nunca más se vaya a repetir.