El abogado se presentó ante el Senado, donde elogió a la Corte actual, pidió que los jueces paguen Ganancias y negó militar en el oficialismo. El kirchnerismo no tiene el número para aprobar su designación pero aun así programó su debate en el recinto.
Por Pablo Riveros
La designación de Roberto Carlés como miembro de la Corte Suprema de Justicia ya cuenta con aval de comisión aunque se desconoce la estrategia del kirchnerismo para garantizar su aprobación en el recinto del Senado.
El candidato de Cristina Kirchner para ocupar la vacante en el máximo tribunal se presentó por casi cinco horas ante la Comisión de Acuerdos, donde negó ser militante kirchnerista, blanqueó sus diferencias con el Gobierno y llegó a calificar a la Corte actual como la “mejor de la historia”. También se refirió a cuestiones polémicas como el aborto y la tenencia de drogas para uso personal y evitó fijar su opinión personal sobre la situación judicial de Amado Boudou y la crisis política en Venezuela.
De entrada, el Frente para la Victoria adelantó que tratará el pliego en el recinto el 15 de abril, a sabiendas de que no llega a los dos tercios de los votos (48) que se requiere para nombrar un juez supremo.
Esto se debe a que, entre propios y aliados, el oficialismo puede llegar reunir aproximadamente 38 senadores, mientras que el arco opositor se comprometió a no habilitar la designación de un nuevo miembro de la Corte en lo que queda del mandato de Cristina Kirchner.
Al ser consultado sobre el tema, Carlés señaló: “si hay omisión constitucional de parte de poderes públicos, la Corte no puede quedarse de brazos cruzados”.
Diferencias y coincidencias con el Gobierno
Carlés dejó importantes definiciones a partir de las decenas de preguntas que le formularon senadores, particulares e instituciones en la audiencia pública organizada por la Comisión de Acuerdos.
Una de ellas refiere al desempeño de la actual Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros fueron designados por el kirchnerismo desde 2003 a la actualidad, a excepción de Carlos Fayt.
“En una Corte como la que hemos tenido en los últimos años no temo calificar como la mejor Corte Suprema de nuestra historia. Ha habido algunos pronunciamientos históricos”, afirmó Carlés. “Coincido y celebro todo lo que ha hecho en materia de derechos sociales”, completó.
Sus palabras llamaron la atención por cuanto la presidenta Cristina Kirchner, la misma que lo propone como juez supremo, mantiene una fuerte pelea con la cabeza del Poder Judicial por temas como el narcotráfico, el Impuesto a las Ganancias, la “democratización” de los tribunales y la investigación del atentado a la Embajada de Israel.
Esa no fue su única diferencia, porque también se refirió a la fallida elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, cuya ley fue declarada inconstitucional por la Corte.
“Mi opinión es que los representantes de los abogados y de cada uno de los estamentos establecidos por la Constitución [académicos y jueces] deben ser elegidos por los miembros de cada uno de estos estamentos”, confesó.
No obstante, coincidió con el kirchnerismo al afirmar que hay jueces que “pueden ser más o menos permeables a determinados intereses, empresarios, políticos”.
El candidato también habló sobre el Impuesto a las Ganancias. Con el país paralizado por el paro sindical en protesta por este tributo, Carlés opinó que “los jueces, como cualquier ciudadano deben pagar Ganancias”, aunque consideró que su aplicación para el caso de los empleados judiciales debería ser “progresiva”.
Aborto
Carlés, que mantiene una amistad pública con el papa Francisco, fue interrogado en varias oportunidades por la oposición en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. “El delito de aborto forma parte de la política criminal del Estado argentino (…) La Corte no tiene nada que decir respecto de la constitucionalidad de la política criminal”, fue lo primero que dijo.
Más tarde, al ser repreguntado sobre el tema, indicó que a su juicio la vida comienza “desde el momento de la concepción” y aclaró: “No estoy a favor del aborto. Es obligación del Estado proteger a la persona por nacer”. Sin embargo, consideró que “la Corte ha dado un paso muy importante con el fallo” que garantiza el aborto no punible en caso de violación.
En tanto, a diferencia de la Iglesia católica, Carlés reconoció estar a favor del matrimonio igualitario y de la adopción entre parejas del mismo sexo.
Otras definiciones
En relación a otro tema polémico, Carlés destacó el fallo Arriola de 2009 por medio del cual la Corte reconoció la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado.
Con su experiencia como coordinador de la comisión multipartidaria que redactó el ante-proyecto de reforma del Código Penal, el jurista también se mostró a favor del juicio por jurados para causas criminales. “Acerca la ciudadanía a la Justicia”, aseveró.
Acorralado por el senador Luis Naidenoff (Formosa), Carlés evitó fijar su opinión sobre las causas que involucran a Amado Boudou. “¿Cree que la situación del vicepresidente es producto de ataques de grupos corporativos y de medios?”, le preguntó el radical. “Hay que dejar actuar a la Justicia, sin ningún tipo de interferencia”, se limitó a contestar.
El abogado tampoco quiso referirse a la situación política de Venezuela cuando Lucila Crexell (MPN), una aliada eventual de oficialismo, lo interrogó sobre la detención de dirigentes opositores. “No dispongo de información para hacer un juicio de valor”, se atajó Carlés, aunque dijo que “como jurista me alarma la atención que se le ha dispensado a la Comisión Interamericana” de Derechos Humanos.
El debate se desarrolló en un clima distendido y continuará en dos semanas, cuando el oficialismo someta a votación el pliego de Carlés con toda la oposición en contra. Luego se sabrá si el Gobierno tiene un plan B para ocupar la vacante en la Corte producida tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni en diciembre pasado.
Desde entonces el máximo tribunal cuanta con cuatro integrantes (Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Higthon de Nolasco), cuando por ley se le exige cinco.
