La denuncia promovida por la diputada Elisa Carrió contra el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por presunto “conflicto de intereses” por su condición de organizador de los comicios y precandidato a la vez, fue desestimada por el fiscal Jorge Di Lello.

En declaraciones radiales, el fiscal señaló que “la justicia electoral ya empieza a estar a full, Carrió dice que hay un interés contrapuesto entre ser candidato y manejar los fondos. Siempre ha sido ha así, la Cámara lo rechazó y más allá de que uno se oponga formalmente, Randazzo no es candidato o no se sabe si es candidato”.

“Después se controlará si está dentro de los monto de publicidad política que tienen que rendir en el cierre del ejercicio de cada partido”, detalló.

En declaraciones a Nacional Rock, el fiscal señaló que “si el Ministeiro del Interior dispone de la acción electoral, todos los presidentes que han sido reelectos han tenido esa decisión porque es el jefe de todos los ministros. Quien dirige lo más, está en condiciones de ser responsable de lo que hace. Supongamos cuando Cristina fue candidata, si fuera tan así, estaría en ese supuesto. Cada presidente que fue candidato por segunda vez naturalmente estaría en un conflicto de intereses”.

En relación a la decisión de que la Justicia expliquen sus gastos de forma anticipada, Di Lello señaló que “lo que se ha venido observando es que cada vez cuando hay cambio presidencial y el fenómeno sucesorio no está claro, la necesidad de captar el voto hace que no se respete el límite entre publicidad política y de campaña”.

“Los plazos de campaña se fijaron con mucha más exactitud a partir del 2008. La publicidad política es permanente y es buena porque hay más participación ciudadana y mejora la calidad de la democracia. Los gastos de campaña se han vuelto siderales”, puntualizó.

En ese sentido precisó que “el quid de todos estos temas y los casos de corrupción política tienen que ver con los gastos de campaña. Ha habido casos en varios países latinoamericanos. Se busca disminuir la opacidad de los costos porque en realidad el que aporte exige y como los costos son altísismos, cuando vienen de cualquiera lado permitiría incidir en las decisiones de gobierno”.

“Lo que se está observando es que los aportes y los plazos de campaña no se cumplen. Los gastos de las campañas se deben informar desde el 2009 anticipadamente. Hay un informe previo que se presentan 10 días antes del hecho electoral y uno posterior”, agregó el funcionario judicial, que agregó que “las sanciones previstas para las agencias, para los responsables económicos-financieros y para los que se consagren como candidatos son de multas e inhabilitaciones”.