El diputado nacional Luis Pastori y el diputado provincial Gustavo González, ambos de la UCR de Misiones, denunciaron públicamente a las autoridades municipales de Santo Pipó y a la delegación misionera de la ANSES por supuestas “irregularidades” en la entrega de pensiones por invalidez a un total de 48 personas, todas familiares y amigos de la intendente local Mabel Cáceres, y de familiares y amigos de otros funcionarios municipales y excandidatos a concejales por el Frente Renovador, que estarían recibiendo al día de hoy 2.476,98 pesos mensuales cada uno, en la mayoría de los casos desde 2010.

Pastori presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados de la Nación para detectar “si hubo falsificación en la firma de los certificados médicos otorgados por la institución sanitaria responsable de emitir los mismos”. Además, Pastori y González realizarán una denuncia en la Justicia a fin de dilucidar las “irregularidades” en la entrega de pensiones en Santo Pipó y otros municipios de la provincia.

El diputado señaló que “en Santo Pipó es vox populi que las personas allegadas a la intendente cobran dinero del Estado sin realizar ningún tipo de trabajo o contraprestación” pero que “más grave aún sería este caso donde habría falsificación de certificados médicos por invalidez”.

“Estamos hablando de más de 1.400.000 pesos por año que se estarían despilfarrando entre estos familiares y amigos de la intendente, que si sumamos a las irregularidades en la entrega de pensiones de todos los municipios de Misiones, como ya salió a la luz en Candelaria, San Vicente y El Soberbio, estamos ante un verdadero escándalo de corrupción de millones de pesos”, afirmó.

“Queremos decirle sociedad que la corrupción implica que el dinero que tendría que ir a mejorar el salario a los docentes o de la salud pública, termina despilfarrado en cualquier otro lado. Este Gobierno no tuvo ni tendrá la voluntad de terminar con la corrupción, por eso es que tenemos que denunciar estos hechos”, dijeron Pastori y González.