Con la presencia de asociaciones de defensa del consumidor, cámaras empresariales y funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, se analizó en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia el programa Ho.Gar (Hogares con Garrafas).

En ese marco, la titular de esa comisión, la radical Patricia De Ferrari, señaló que “una vez más, cuando se trata de analizar y dar respuestas sobre cuestiones que afectan a los consumidores, los ausentes son los funcionarios que deben dar explicaciones y los diputados del oficialismo”.

“ Acá lo que se puso en discusión fue el programa Ho.Gar, que ha sacado el Gobierno nacional, a las apuradas, sin consultar siquiera a las asociaciones de consumidores, que son los destinatarios de las medidas”, señaló la legisladora.

La legisladora señaló que la reunión “ha dejado en evidencia que el plan tiene bastantes baches. Por ejemplo contempla a dos millones y medio de hogares, lo cual implica que queden al menos otros dos millones fuera de cobertura. Hay situaciones puntuales que no sabemos cómo se van a resolver, tal el caso de que se asignen por año 20 garrafas por año a las familias que tienen menos de cinco integrantes, y 24 a las que el grupo familiar es mayor, cuando sabemos que en muchas zonas esa es una cifra bastante exigua. Además plantea un precio de referencia para las garrafas en todo el país, y eso es imposible de mantener”, indicó De Ferrari.

“Este plan incluye, directa o indirectamente, muchísimos controles. Están los referidos a la supervisión de que las garrafas se vendan a $ 97, o los que tienen que ver con las cuestiones de seguridad en las plantas productoras, fraccionadoras y en la distribución, en las que hay que garantizar estándares que hasta la fecha nadie revisa. En este sentido, no está claro si esos controles se harán o no, y si hay prevista infraestructura o burocracia para llevarlos a cabo”, aseguró la diputada y añadió: “El problema central planteado por las asociaciones son las distorsiones en los precios finales que pagan los argentinos por las garrafas, que llegan a duplicar lo dispuesto por el gobierno. Entonces, si los controles fallan, los $77 pesos que el Estado les devuelva tampoco les sirven como deberían”.

Según se informó, hubo consenso entre los asistentes al destacar que tras siete años del “fallido” plan Garrafas para todos, “se haya decidido subsidiar a la demanda y no a la oferta, es decir que el dinero que aportamos los argentinos a través del Estado vaya a quienes realmente lo necesitan y no a las empresas”.

De Ferrari consideró “positivo” que para acceder al mismo haya que estar bancarizado, porque permitirá determinar cuánta gente está en el sector formal y cuánta no. “Es decir que sacamos muchas conclusiones, pero el hecho de que el oficialismo sistemáticamente no concurra, ni a través de sus funcionarios ni con sus diputados siempre hace que este tipo de reuniones sean una mesa a la cual le falta una pata”, sentenció De Ferrari.