Según la iniciativa su realización sería gratuita y la interrupción se llevaría a cabo dentro de las primeras 12 semanas del embarazo.
Este viernes, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) presentó un proyecto de ley para que “toda mujer tenga derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del mismo”. La iniciativa establece que el plazo puede ser extendido en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación- acreditada con denuncia formulada en un servicio de salud-; si estuviera en riesgo la vida y la salud de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves.
La realización del aborto debe estar garantizada por el servicio público y su acceso será gratuito. En tanto los sistemas de seguridad social y privado deben incorporarlo a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
En su artículo 3, el proyecto expresa que “el único requisito previo a la realización del aborto es el consentimiento informado de la mujer, expresado por escrito” y que “si tiene menos de 14 años, se requiere el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales”.
La iniciativa es una actualización del expediente 2242-D-2013 -que perdió estado parlamentario- y cuenta con el antecedente del expediente 980-D-2012, ambos impulsados por Bodart.
El diputado consideró “necesario reabrir el debate legislativo” y fundamentó que “penalizar el aborto e imponer embarazos forzados es otra muestra de la opresión del sistema capitalista patriarcal, que niega un derecho democrático elemental a las mujeres. El Estado debe garantizar todas las opciones y solo debiera castigar el aborto realizado contra la voluntad de la mujer”.
“La penalización del aborto no ha logrado salvar ninguna vida. La ley penal interviene para sancionar cuando ya el aborto ha sido realizado, no es preventiva, no evita que se sigan haciendo abortos, ni que día a día sigan muriendo mujeres por recurrir a intervenciones clandestinas. Estando ya en el siglo XXI, es hora de cambiar esta penosa realidad. Con este proyecto, la Ciudad de Buenos Aires puede y debe dar un paso adelante en el respeto al derecho democrático de las mujeres a decidir y en defensa de la salud pública, los derechos humanos y la justicia social”, finalizó el legislador.
