La salteña Cristina Fiore sumó un proyecto para que los candidatos a presidente y vice deban debatir cinco días antes de las elecciones a través de los medios públicos.
En un año electoral donde se hace generalizado este reclamo, la senadora nacional del Frente para la Victoria Cristina Fiore Viñuales presentó un proyecto de ley para hacer obligatorios los debates públicos entre candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación cinco días antes de los comicios.
Así, la legisladora se sumó a la cantidad de proyectos de diversos bloques para obligar a los candidatos a pasar por esta instancia, mientras un grupo de organizaciones de la sociedad civil promueve la iniciativa Argentina Debate, para concretar por primera vez en la historia del país un debate presidencial.
La propuesta de Fiore se distingue por definir a la Cámara Nacional Electoral como autoridad de aplicación, “lo que le brinda imparcialidad e independencia al momento de la realización del encuentro”, explicó la senadora.
Además, su proyecto determina la difusión del debate a través del servicio de medios públicos de radio y televisión, con un “moderador imparcial”.
Por otra parte, establece la realización de una encuesta nacional, veinte días antes del debate, destinada a determinar los temas de política pública que el electorado considere prioritarios para tal discusión.
Otro elemento distintivo respecto de anteriores proyectos presentados es la obligatoriedad de debatir para candidatos a vicepresidente, “figura que ha dejado de ser un mero acompañamiento en las últimas gestiones y que también precisa ser conocida por la ciudadanía”, se indica en los fundamentos.
Sobre el final el proyecto, se establece que la Cámara Nacional Electoral sancionará a aquellos candidatos y al partido político al que representan, que no participen en el debate.
La senadora destacó la importancia del debate público, “el cual permite conocer y comparar las propuestas de los distintos candidatos, en pos de un ejercicio más pleno del sufragio”.
“Al poder contar con un conocimiento más amplio de las ideas y proyectos que el que ofrecen la propaganda y los medios de comunicación, se otorga la posibilidad de ejercer un control ciudadano sobre el cumplimiento de las promesas electorales efectuadas por el candidato que resulte electo”, explicó la salteña.
Y finalizó: “nuestra propuesta procura institucionalizar una práctica política que permita un acercamiento entre el ciudadano y los candidatos a alcanzar la más alta investidura y dotar al sistema democrático de una herramienta esencial, que sin duda aportará legitimidad al sistema eleccionario”.
