El legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) realizó un estudio sobre las contrataciones realizadas mediante los decretos 556 y 752/10, entre octubre de 2014 y enero de 2015, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad. De los resultados se desprende que, a pesar de contar con la Policía Metropolitana, “el Ministerio de Seguridad y Justicia gastó 41 millones de pesos en seguridad privada y utilizó 48 veces ese mecanismo de contratación”.

El diputado resaltó que el sistema de contratación previsto en los decretos 556 y 752/10, junto con las “contrataciones directas, son contrataciones sin licitación”. “En esos casos, el Estado opta discrecionalmente por una empresa, sin que exista ningún mecanismo previo de control. El macrismo utiliza constantemente este sistema de contratación, de forma discrecional y exagerada, casi ninguno de los pagos que sacan por esta vía responde a una urgencia concreta o a un caso imprevisible”, sostuvo Muñoz.

Este sistema de contratación comenzó en 2010, cuando el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó dos modificaciones: primero se subió el tope de pago “a sola firma” a 2 millones de pesos, y a 4 millones de pesos, después. Además, se habilitó a contratar sin límite cuando el pedido de pago contara con la firma del Ministro de Hacienda. “A partir de estas modificaciones, inéditas en Argentina, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en la jurisdicción con mayor cantidad de contrataciones de urgencia del país. Esta política, que sólo se justificaría ante una cadena de eventos imprevisibles –que no sucedieron- se explica a través de la impunidad que le garantiza al macrismo contar con contrataciones exprés sin control”, dijo Muñoz.

Para llevar a cabo las tareas de seguridad privada, el Ministerio de Seguridad y Justicia contrató a 9 empresas, de las cuales Murata S.A. y Briefing Securuty fueron denunciadas en 2009 por incurrir en “graves irregularidades”.

Entre los lugares que debían custodiar las empresas contratadas, figuran el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, SBASE y las sedes de los Ministerios. “La semana pasada, 25 hospitales públicos porteños hicieron un paro de actividades en reclamo de seguridad. La medida de fuerza se originó luego de que dos jóvenes alcoholizados ingresaran en la guardia del Hospital Rivadavia y amenazaran a médicos y enfermeros con jeringas usadas, en ese mismo lugar, hace un año, violaron a una paciente”, expresó Muñoz.

Para concluir el legislador manifestó que “el Ministerio de Seguridad tiene las herramientas administrativas para contratar 200 efectivos de seguridad que custodien todos los hospitales públicos, pero decide no hacerlo, de los 41 millones de pesos en contrataciones de urgencia, el ministro Guillermo Montenegro no destinó un sólo peso a reforzar la seguridad en los hospitales públicos”.