Cuando se escriba la historia del kirchnerismo en el poder, seguramente se dirá que hubo un antes y un después de la crisis con el campo, momento en el cual el matrimonio Kirchner cambió definitivamente su relación con los medios y, sobre todo, mostró su costado más duro. Pero también podrá decirse que el campo no fue el único, ni el más enconado adversario del kirchnerismo. La Justicia le pelea palmo a palmo ese lugar de “privilegio” al campo.

Y no necesariamente porque los jueces hayan tenido a maltraer a los gobernantes de los últimos doce años en la Argentina. Más bien fue todo lo contrario. Pero fue ese poder el único que hizo estremecer al kirchnerismo. El único que también lo hizo retroceder, cuando la pomposamente anunciada reforma judicial murió en las orillas de la Corte Suprema de Justicia.

Curiosa paradoja de la administración actual, que la acción más unánimemente reconocida de su gestión, la conformación de la actual Corte Suprema, haya dado lugar a un Tribunal al que la presidenta reprueba y al que todos coinciden en que pretende modificar sustancialmente.

En efecto, por estos días se habla abiertamente de una posible modificación de ese tribunal, de modo tal de garantizar la “seguridad jurídica” del cristinismo en los tiempos por venir, o bien para completar la colonización de los poderes con los que pretenden contar allende 2015.

Entre las alternativas que se barajan, se habla de una eventual modificación de la conformación del Tribunal Supremo, de modo tal de incrementar su número para cambiar las relaciones de poder. Las razones de esa decisión tienen como origen la salida de ese tribunal del único miembro que respondía claramente al pensamiento kirchnerista, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien al irse tuvo la curiosa facultad de designar un sucesor. Porque Roberto Carlés es un discípulo del cortesano renunciante, que chocó con la renuencia de la oposición a habilitar su ingreso.

Se sabe desde que a fines del año pasado los senadores de la oposición firmaron un compromiso para no aprobar el pliego de ningún candidato que ofrezca este Ejecutivo, que al menos Carlés no podrá llegar a la Corte. El compromiso fue suscripto aún antes de que el Gobierno pensara en el hombre cuyos antecedentes envió al Senado, por cuanto los senadores opositores consideran que en materia judicial este Gobierno ya no les inspira confianza y no le piensan aceptar nada. Ya tuvieron bastante con la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Pero esa postura podía encontrar grietas en el seno de la oposición. En su momento, el sanjuanino Roberto Basualdo admitió que no estaba de acuerdo con rechazar de plano antes de conocer los nombres de los propuestos. Y la postura del senador hoy encolumnado detrás del proyecto massista podría conseguir otros adherentes, si el candidato ofrecido por el Ejecutivo reuniera mejores antecedentes que los de Carlés.

La cuestión es que a partir de la realidad de que como están las cosas la Corte actual llegará a fin de año así como está, comenzaron a circular versiones sobre maniobras que estaría estudiando el Gobierno nacional. Dicen que en el escritorio de Carlos Zannini hay borradores de alternativas que podrían ponerse en marcha, entre ellas, la ampliación del número de integrantes de la Corte, que el Gobierno podría lograr por mayoría simple en el Congreso a través de una ley. Y luego los puestos podrían ser cubiertos por conjueces, afines al Gobierno, claro está.

Consultado al respecto, el vocero presidencial Aníbal Fernández aclaró que el tema no estaba en estudio, pero dejó abierta una hendija al deslizar la frase “prima facie”. Convenientemente informados, o simplemente previsores, los integrantes de la Corte se ve que no le creyeron y decidieron tomar recaudos que llevaron a que en su última acordada el Tribunal decidiera declarar la nulidad de la lista de conjueces aprobada el año pasado por el Senado, por no haber contado con los dos tercios del Cuerpo.

El dictamen para la designación de esos conjueces fue suscripto el 7 de mayo del año pasado y los despachos se firmaron sin la presencia del radicalismo, que se retiró de la audiencia después de que el oficialismo rechazara su propuesta de votar a los candidatos con una mayoría especial. “Nuestra posición es que se requiere una mayoría especialísima de los dos tercios de los miembros de la Cámara”, explicó entonces el senador radical Ernesto Sanz. Pero el titular de la Comisión de Acuerdos, Mario Guinle, consideró que esa postura “no tenía ningún sustento” y la calificó de “absurda y traída de los pelos”. Aclaró además que ninguno de los postulantes había recibido impugnaciones de parte de la oposición en el plazo que tuvieron para hacerlo.

En rigor, el radicalismo no efectuaba cuestionamientos a los nombres propuestos, sino que ponía reparos a la mayoría requerida para votarlos. El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, destacó que los candidatos “son gente que tiene trayectoria” y opinó que lo que exigía la UCR “es un requisito demasiado que no se condice con cargos que son transitorios”.

Cuando el radicalismo se retiró de la audiencia, comenzaron a ingresar a la sala los postulantes, todos los cuales recibieron aval de los senadores.

La aprobación en el recinto se consiguió el 21 de mayo de 2014, por 39 votos positivos y 21 en contra. A los reparos radicales, ya expuestos en comisión, se sumaron p or ejemplo los del Peronismo Federal, a través de Adolfo Rodríguez Saá, quien indicó que “para nosotros la Constitución es clara, se necesitan dos tercios”.

“Nos hubiera gustado que la lista fuera más federal, hay facultades de derecho en el interior prestigiosas y antiguas donde hay profesionales y autoridades que pueden ocupar lugar en esas listas”, recalcó por su parte el senador Juan Carlos Romero. El Pro también se opuso, señalando Diego Santilli que no acompañarían la lista “no por la idoneidad de los candidatos”, sino porque “la problemática central tiene que ver con el número necesario de votos para votar conjueces”. Y agregó que “si le hubiésemos preguntados a los conjueces, muchos de ellos hubiesen dicho que se necesitan dos tercios para aprobar sus designaciones”.

Ante la ola creciente de críticas de la oposición en torno al método de votación, el entonces senador oficialista Aníbal Fernández explicó que el “artículo 99 inciso cuarto define en qué forma específica se eligen los magistrados, no los conjueces” y sostuvo que “no hace alusión a que tenga que tener una composición federal y sean mujeres”. Además, indicó que en 78 años sólo cuatro veces se precisó de la labor de los conjueces. “Si en 78 años se usó solo cuatro veces, estamos discutiendo algo sin sentido. Lo que ha hecho el Ejecutivo es hacer una lista muy plural”, defendió.

En su explicación como miembro informante, Marcelo Guinle remarcó que la Constitución Nacional “prevé circunstancias excepcionales y establece cuando se necesite mayoría absoluta” y que “en el temario se nota que no hay ninguna especificidad de mayoría calificada alguna, la mayoría que se requería es la mayoría simple”.

Antes de pasar a la votación, contó que “ha habido reclamos insistentes de la Corte para que tratemos la lista de conjueces, hemos remitido la lista y cumplimos con un mandato que nos debemos de tratar y obviamente lo vamos a hacer con el respeto de la norma constitucional y las normas del Cuerpo”.

Una Corte ampliada

La idea de ampliar la Corte ya la esbozó a fines de abril de 2013 el citado Zaffaroni. Cuando la reforma política todavía no había sido implementada, habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal, aunque admitió que “es políticamente incorrecto hablar de esto ahora”. El entonces ministro de la Corte argumentó que según la estructura actual, la misma debe asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal de casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos resulta elevada y complica el trabajo de los siete miembros del Tribunal.

Sin necesidad de modificar la Constitución, se podría ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. Zaffaroni fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: penal; laboral y previsional; contencioso administrativo y civil.

Según explicó, existen en la región ejemplos similares, y citó el caso de Costa Rica.Por entonces Zaffaroni aclaró que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro y admitió que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.

¿Volver a los nueve miembros?

En las últimas semanas se venía especulando conque el Gobierno de Cristina Kirchner podría incrementar el número de miembros de la Corte a nueve. Sería una paradoja volver al número que eligió Carlos Menem en los 90, cuando amplió el Tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de cinco a nueve integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, mientras que el titular del Tribunal, José Severo Caballero, fue destituido por el Congreso.

Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Como se recordará, la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir.

Sería un contrasentido que esta administración fuera la que ampliara el número de la Corte, habiendo sido la que redujo ese tribunal. Es más, fue la actual presidenta de la Nación quien impulsó esa medida en el Congreso de la Nación. Al hacerlo, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner convocó a un grupo de periodistas a su despacho, donde se los detalló y les entregó el texto del proyecto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: sólo convocó a cuatro representantes de medios, todos ellos editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados.

La iniciativa kirchnerista buscaba apaciguar lo que veía como una derrota y desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad. Predicando con el ejemplo, Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de Cristina. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar su perfil.

El proyecto fue presentado por la primera dama el 9 de noviembre de 2006, y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a cinco, sino a siete.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los actuales siete integrantes permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro sean cinco, la mayoría será suficiente con tres votos.

Al defender su iniciativa en el recinto, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el Gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y hablaban a su juicio con “hipocresía sobre calidad institucional”.

Fue un discurso de casi catorce mil palabras, en las que como miembro informante, Cristina señaló que con esa decisión, más que a una “autolimitación” -que era como el senador Miguel Pichetto había definido a la medida-, “estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros, un camino que tuvo su origen en la Reforma de 1860, que fue el único que rigió hasta el año 58. En efecto, como todos los señores senadores saben, la Constitución del 53 preveía el número de 9. Era un número clausus, un número cerrado: establecía en 9 el número de integrantes de la Corte. En realidad, esto nunca pudo ponerse en términos operativos”.

Tras detallar cómo había evolucionado el número de miembros de la Corte a lo largo de la historia, la senadora Kirchner llegó a 1987, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín presentó un proyecto de aumento de miembros de la Corte. “Y es curioso que el incremento de los miembros de la Corte en 1990 haya sido muchas veces analizado y catalogado —incluso, por nosotros mismos— como algo inédito y único en la historia. A poco de estudiar la historia, uno advierte que no fue el único intento, sino, tal vez, junto con el de Frondizi, el que tuvo éxito. Pero hubo otros intentos”.

“En 1987, el doctor Alfonsín, con la firma de su ministro de Justicia —el ingeniero Jorge Sábato—, presenta un proyecto de ampliación de miembros de la Corte elevando el número a siete. Pero además, establece la facultad por parte del Poder Ejecutivo de que sea su titular el que proponga al Senado de la Nación quien presidirá la Corte y, si obtiene el acuerdo del Senado, ese será su presidente. Pero con una salvedad: si la persona propuesta por el Poder Ejecutivo hubiera ocupado con anterioridad el cargo de presidente de la Corte, ni siquiera era necesario que pasara su designación por el Senado de la Nación”, agregó, para acotar luego que esa iniciativa si bien fue sancionada, nunca llegó a concretarse.

Y finalmente llegó a la ley que estableció en nueve el número de miembros de la Corte.

Así continuó el discurso de Cristina: “El dictamen unánime de comisión quiere poner un punto de inflexión en esta cuestión. No plantea ni aumento ni reducción de miembros; simplemente, restitución a lo que fue durante casi cien años un sistema en la República Argentina”.

“Desde ya que nadie pretende que con esta modificación se logre inmediatamente tener una mejor administración de Justicia o que se vayan a solucionar todos los problemas del país. Simplemente, se trata de restituir una señal y hacer un aporte importante a lo que se ha mencionado hasta el momento”.

“El dictamen que se somete a consideración también aborda otro tema que había tomado cierta relevancia en algunas discusiones o reportajes que se vieron en letra de molde sobre cuál era la mayoría o minoría. En efecto, el sistema prevé que se llegue a cinco miembros a medida que se vayan produciendo las vacantes definitivas, ya sea por muerte, renuncia o cualquier otro motivo. Además, queda claro cuáles son las mayorías absolutas de los números, algo que estaba claro para el resto de los argentinos ya que no es algo que quedaba sometido a cuestiones ideológico-partidarias, sino a una cuestión numérica según la integración sea de siete, seis o cinco miembros”.

“De esta manera, creo que se aporta a una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad del país y con lo que señalaba al principio: la necesidad de marcar una conducta diferente”. (…)

“Había una propuesta del señor senador Sanz, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en cuanto a incluir un cambio en el dictamen a efectos de contemplar una modificación en el sistema de cobertura de cargos cuando se produce la recusación o la excusación de los jueces. Todos sabemos que actualmente, ante una recusación o excusación por parte de alguno de los miembros de la Corte, hay una ley de subrogancia que determina que deberán ser reemplazados por los titulares de las Cámaras. En ese sentido, si bien muchos de ellos pueden haber sido elegidos por el sistema anterior a la reforma de 1994 o a través del Consejo de la Magistratura, con posterioridad, lo cierto es que ni en un caso ni en el otro tienen los dos tercios necesarios que se exige para ser miembro de la Corte. A tal efecto, se propone una modificación”.

“Si bien nosotros estamos de acuerdo con que esa cuestión debe ser considerada — inclusive, ya estuvimos discutiendo con algunas senadoras sobre esto en la comisión—, entendemos que debe ser objeto de tratamiento a través de una ley específica”.

“En igual sentido, el señor senador por Salta (Ricardo) Gómez Diez había propuesto incorporar también algunas cuestiones tales como la de delimitar la competencia de la Corte, de modo tal que no tuviera un fárrago de causas que tornaran no solamente tediosa sino también muy lenta la administración de Justicia. Por ello, consideramos que este tema debe ser producto de un tratamiento diferente y específico y a través de la consideración de un proyecto de ley que, en todo caso, aborde el problema globalmente, para poder tener una reforma más profunda del sistema de justicia. Seguramente, alguien deberá ejercer controles de constitucionalidad y hay diferentes proyectos e ideas en cuanto a tribunales de esa naturaleza”.

“Así que, en realidad, vamos a mantener el dictamen tal como fue firmado por unanimidad en la comisión y de ese modo lo sometemos a la consideración del plenario”.

Así concluyó el discurso de Cristina. Su proyecto fue sancionado por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

Esta última, al argumentar su abstención, reconoció que el Gobierno estaba haciendo una “autolimitación” de carácter inédito, pero aclaró que “no es un hecho inédito que el presidente de la Nación deje de nombrar dos miembros y que hoy se trate la reducción de los miembros de la Corte, porque en realidad lo inédito es que el presidente de la Nación ya ha designado a los miembros suficientes para tener una Corte que responda a su proposición”.

“Sí hubiera sido un hecho inédito que en junio de 2003, en que renuncia el doctor Nazareno, o en diciembre del mismo año, en que se produce la destitución del doctor Moliné O’Connor y la renuncia del doctor López, hubiéramos tratado este tema y que en ese momento se hubiera tomado la decisión política de no proponer nuevos ministros de la Corte sino propiciar su reducción, cuando ya teníamos incluso las propuestas de juicio político”, agregó la senadora puntana. Para ella, que se considerara inédito no nombrar a dos miembros, “es en realidad inocuo”.

“En definitiva, este presidente ha propuesto cuatro ministros y al procurador general.

Lo inédito, lo progresista, lo revolucionario, hubiera sido que en diciembre de ese año se comenzara con la reforma y el congelamiento de las vacantes y que el presidente de la Nación no hiciera designaciones. Hoy ya tiene cuatro personas designadas en la Corte. Ha cubierto cuatro vacantes con sus propuestas. Entonces, hoy viene la reforma”, advirtió.

Durante ese debate también hicieron uso de la palabra los senadores Ricardo Gómez Diez, Ricardo Bussi, Carlos Rossi, María Teresa Colombo, Rubén Giustiniani, Miguel Pichetto y Ernesto Sanz. Carlos Menem fue uno de los 16 ausentes a la hora de votar –tampoco estaban Alicia Kirchner, Rubén Marín, Marita Perceval, Fabián Ríos y Rodolfo Terragno, entre otros-, pero el expresidente sí pidió la palabra para anunciar que insertaría su discurso y que votaría en contra, aunque finalmente -como dijimos- no estuvo a la hora de votar.

Antes de que se aprobara el proyecto, volvió a hacer uso de la palabra la senadora Fernández de Kirchner, que elogió calurosamente el discurso del presidente de su bloque, y coincidió también con muchos de los planteos, como los de la senadora Negre de Alonso en cuanto a la división de poderes, y como el del senador Sanz en cuanto al rol de los poderes. “¡Porque la división de poderes es para todos los poderes! -exclamó-. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como a mí jamás se me ocurriría sancionar un proyecto indicándole a tal o cual juez cómo tiene que dictar una sentencia, ningún juez debe indicar a un legislador o a algún miembro del Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer en aquellas materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo.

Reitero: la división de poderes, por lo menos la que imaginó Montesquieu —no sé si alguno tendrá alguna otra idea acerca de la división de poderes, que es de carácter selectivo—, es para todos: para el Parlamento, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo”.

Más adelante señaló que “cuando una sociedad decide cambiar el rumbo de una política, no lo hace demandándole a la Corte una medida o una sentencia. Es mucho más simple y sencillo: va y vota cada dos años. Así expresa su adhesión o no a determinadas políticas. Algunos llaman a esto populismo. Quienes más utilizan esta palabra son los que fundamentaron y coadyuvaron a todos los golpes más terribles que se han dado contra las instituciones en la República Argentina. Los invito a que hagan un informe o estudio estadístico de quiénes son los que más hablan de populismo. Reitero: son los que contribuyeron y militaron en todas las dictaduras militares de la Argentina”.

Sobre el final, la hoy presidenta de la Nación dijo: “Por eso digo que hoy es un día importante. Creo y reitero que esto es algo inédito —más allá de que se hayan formulado opiniones diferentes—; y no porque ello surja de mi convencimiento o de la subjetividad, sino que además la historia me lo demuestra. Estoy convencida de que estamos dando un paso fundamental. El Decreto 222 es muy importante y también marcó un hito. Pero que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito”.

“Podría contar todas las sugerencias que me han llegado para cubrir estas dos vacantes; inclusive de muchos que por allí hablan de calidad institucional. Tengo todavía en mi despacho los currículum —algunos firmados—, de cónyuges de importantes dirigentes de la oposición, de la más cruda oposición, enviados para proponerse como miembros de la Corte en nombre de no sé qué cosa. Uno después los oye hablar de calidad institucional en los medios de comunicación y puedo asegurar que se me revuelve el estómago. Yo tengo millones de defectos. Pero estoy segura de que hipócrita no soy, no fui, ni seré nunca.

Por los motivos expuestos, y en nombre de todos los señores senadores y senadoras que elaboramos este dictamen que estamos sometiendo a consideración —y del cual me congratulo que haya obtenido la unanimidad en la comisión que tengo el honor de presidir—, solicito a la presidencia que lo someta a votación, pues considero que cierra un ciclo histórico y que, además, es inédito”, concluyó Cristina Fernández de Kirchner.

Para morigerar el contrasentido, se especuló conque el proyecto para modificar el proyecto que la hoy presidenta de la Nación impulsó hace nueve años no fuera esta vez del Ejecutivo, sino de algún senador. Aníbal Fernández hubiera sido ideal para esto, pero ya no está en la Cámara alta. Con todo, la decisión conocida los últimos días por la Corte Suprema parece haber abortado esta iniciativa aún antes de llegar al Congreso. Se verá.