Ambos proyectos cuentan con el aval del Senado, por lo que serán convertidos en ley con amplio respaldo político.
Dos reparaciones económicas reclamadas desde hace largo tiempo serán convertidas en ley este miércoles por la Cámara de Diputados, en la segunda sesión del período ordinario en lo que va del año.
Se trata de indemnizaciones para extrabajadores de YPF que fueron excluidos del Programa de Propiedad Participada implementado tras la privatización de la petrolera; y para víctimas y familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA de 1994.
La sesión, de carácter ordinaria -con temario abierto-, comenzó a las 12.55 con la participación de legisladores de todo el arco político, e incluye una larga lista de proyectos de menor trascendencia, como acuerdos internacionales, informes de la Auditoría General de la Nación y decretos del Poder Ejecutivo.
El primer resarcimiento por parte del Estado nacional alcanzará a alrededor de 30 mil exypefianos que se desempeñaban en la empresa hasta el 1 de enero de 1991 o a sus herederos o derechohabientes, que no hayan sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada.
La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara baja pero sufrió modificaciones en el Senado. La nueva redacción establece un valor mínimo para las acciones, que será de 311 pesos, y eliminó de la iniciativa original un artículo que suspendía por 150 días hábiles todas las causas judiciales llevadas a cabo por extrabajadores para percibir las acciones del Programa.
En cuanto al segundo, el texto otorga, por única vez, un beneficio extraordinario para los herederos o derechohabientes de las 85 personas fallecidas y las más de 150 que resultaron heridas en el atentado producido en 1994.
Por otra parte, los diputados votarán un proyecto que elimina el plazo de vencimiento para la presentación de la solicitud de indemnización a ex presos, fallecidos, detenidos desaparecidos y otras víctimas de la última dictadura.
Según explicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, el oficialista Remo Carlotto, la necesidad de hacer imprescriptible el trámite radica en que “cada dos años se renueva la prórroga de las leyes reparatorias”, por lo cual se busca “no poner una fecha tope”.
