Ante la sucesión de hechos violentos e incluso trágicos, el diputado radical Gustavo Valdés se sumó con una iniciativa a las propuestas para tomar medidas extremas en la materia.
El diputado nacional Gustavo Valdés (UCR-Corrientes) presentó un proyecto de ley en el que plateó la necesidad imperiosa de que se declare la “Emergencia Pública Nacional en Materia Social por Violencia de Género” en el país, por el término de dos años. La iniciativa constituye el prototipo del basamento necesario para la implementación efectiva de la Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales”, explicó el legislador en los fundamentos de la iniciativa que crea una serie de condiciones necesarias para avanzar en un proceso de descenso y destierro de los hechos de violencia de género.
El proyecto contempla la creación de Mesas de Concertación de Políticas Públicas para abordar esta problemática en el marco de un Pacto Social Solidario, del que participarán representantes de: Consejo Nacional de la Mujer, Consejos Provinciales de la Mujer, Secretarias o Direcciones Municipales de la Mujer, Empresarios, Iglesias, Medios de Comunicación, Universidades, ONGs comprometidas en la protección de la mujer víctima de violencia de género y Partidos Políticos.
“Considero necesario, crear mediante una ley sancionada por el Congreso de la Nación, un plan nacional de acción sobre la violencia contra las mujeres, que se lleve a cabo a través de un organismo de participación plural, que integren: el Estado nacional, los provinciales, los municipales, las Iglesias, las ONG, los empresarios, las Universidades, los partidos políticos y los medios de comunicación”, explicó Valdés.
“La gravedad dramática de la violencia de género, exige el trabajo coordinado de todos los sectores de la sociedad. Las políticas sociales deben ser concertadas, porque la fragmentación institucional, la fijación de metas imposibles de cumplir, la ausencia de instancia de control y evaluación, la falta de participación de la comunidad, en la realización y toma de decisiones en el marco de un plan nacional de acción sobre la violencia de género, son algunas de las características más frecuentes que dejan indefensas a las mujeres que padecen hechos violentos”, indicó Valdés.
El diputado juzgó que un Estado social y democrático de Derechos, debe dar respuesta efectiva, inmediata, descentralizada a las situaciones de violencia de género, privilegiando las políticas focalizadas hacia aquellos grupos que corren alto riesgo.
“Debemos tener en cuenta el dramático deterioro de la situación social en nuestro país, la cual reclama una mejor y más eficiente asignación del gasto, con protagonismo directo de los interesados y la participación, evitando la creciente burocratización que ha caracterizado tradicionalmente a las políticas sociales basadas en el aparato estatal”, expresó.
