El Senado de la provincia de Buenos Aires debate el polémico proyecto de ley para crear un Código Educativo. La propuesta contempla la evaluación de profesores, no sólo por sus estudiantes, sino también por colegas, directivos y padres.
Mientras los colegios primarios bonaerenses se preparan para implementar el mes que viene un boletín sin aplazo, en la Cámara de Senadores, específicamente en la Comisión de Educación empieza a tomar forma otro debate educativo que promete traer cola: un proyecto para que los docentes de nivel secundario sean evaluados cada cuatro años por alumnos, padres, colegas y directivos de sus escuelas.
La idea está dentro de un proyecto de ley que el senador del FpV-PJ Gustavo Oliva presentó con el ambicioso título de nuevo Código Educativo. En sí, el proyecto intenta plantear un nuevo sistema educativo en la Provincia, pero la polémica se presenta con el sistema de evaluación de docentes.
Cabe recordar que en diciembre pasado, tal como publicó Semanario Parlamentario en enero de este año, Oliva hizo una presentación pública de un anteproyecto del Código para luego sí ingresarlo oficialmente en la Cámara alta con formato de ley.
En la última sesión del Senado, el pasado 23 de abril, fue el propio presidente del Cuerpo, Gabriel Mariotto, que deslizó, extrañamente, una especie de publicidad en plena reunión al informar que había ingresado formalmente al Cuerpo el proyecto de marras.
La sorpresa se la llevaron los colaboradores de la Comisión de Educación cuando recibieron la reprimenda por haber cargado al sistema el proyecto de ley ingresado formalmente, algo que es una práctica normal de todo proyecto que ingresa, aunque claro, están aquellos proyectos que por diferentes motivos no se cargan a pedido de los senadores, en una clara violación al derecho a la información, que es publica dicho sea de paso.
La “bronca” del equipo de Oliva devino del recorte periodístico que se realizó del ambicioso proyecto y resulta lógico, pues se trata de una reforma integral del sistema educativo provincial que fue presentado como anteproyecto para alentar la participación de los sectores organizados involucrados, que hasta ahora se muestran remisos a ingresar en el debate.
La idea es que el desempeño de cada profesor reciba una calificación por su trabajo. Dentro de ese informe, la opinión de los alumnos tendrá un peso equivalente al 11% del total de la nota. A eso deberá sumarse la opinión no sólo de sus colegas, superiores y padres de los alumnos, sino incluso una “autoevaluación” del propio trabajador.
La evaluación a docentes, directivos y supervisores es un aspecto fundamental para el mejoramiento de la educación, según entiende los actores involucrados en el texto legislativo propuesto. Y se propone como un “cambio de perspectiva” que implica pasar de una evaluación a cargo de una sola persona, el director o la directora de la institución escolar, a una propuesta que incluya a distintos sujetos de la comunidad educativa como estudiantes, pares docentes, superiores jerárquicos, adultos responsables del estudiantado y el propio docente en su autoevaluación.
Se estima que esta nueva propuesta suma el concepto de evaluación participativa y democrática como un engranaje fundamental en la construcción de “una nueva escuela”.
Además de estas cuestiones, el proyecto también aborda otras ,como la jornada escolar; la jerarquización del personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional; Educación Intercultural; Educación de Gestión Social; Educación en contexto de privación de la libertad como modalidad; de los Consejos de Escuela; la Planificación estratégica, hábitat y diseño para la nueva escuela y la Educación Especial.
Respecto a los últimos años de la Educación Secundaria Superior se proponen los Trayectos Alternativos que consisten en itinerarios educativos personalizados que a partir de las materias acreditadas por parte de los estudiantes permiten un recorrido específico y acorde a las necesidades de cada uno de ellos. La principal fortaleza de este dispositivo es el reconocimiento de los saberes adquiridos, siendo una opción frente a la repitencia.
El Bloque Académico y los Trayectos Alternativos tienen como finalidad atender y dar respuesta a la inclusión social y pedagógica de los jóvenes que forman parte del sistema educativo, según se señaló en la presentación de la iniciativa.
Licencia especial
En la iniciativa que se debate en el Senado se consigna que los docentes de educación especial tienen a su cargo la responsabilidad de tratar de integrar a los educandos con discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades, concretando así de manera efectiva su derecho a la educación.
“Tomando en especial consideración la responsabilidad, esfuerzo intensivo y total dedicación que implica dicha tarea”, es que, a manera de reconocimiento se propone para estos docentes un año de licencia con goce íntegro de haberes cada siete años efectivamente trabajados frente a curso.
