Por José Angel Di Mauro. La renovada embestida contra la Corte Suprema, ahora direccionada hacia su más longevo integrante, busca ampliar a dos las vacantes, para forzar una negociación. O bien dar pie a una ampliación que no ha sido descartada.
Muy influyente en el pensamiento kirchnerista, a Ernesto Laclau se le atribuye haber alentado la exacerbación de la antinomia “amigo-enemigo” que este gobierno puso en práctica recurrentemente a lo largo de su mandato. Aunque los glorificadores de Néstor Kirchner digan que esa tendencia se exacerbó en los gobiernos de CFK, lo cierto es que esa fue una actitud permanente durante los últimos doce años. Y como botón de muestra apelaremos al primer adversario elegido por Néstor Kirchner allá por 2003: la Corte Suprema de Justicia.
Entonces no fue contra el Tribunal en su totalidad, sino lo que se conocía como “mayoría automática” de la Corte menemista, desarmada por renuncias o desplazamientos a través del juicio político con los que se amenazó a todos esos magistrados.
Aquellas remociones en el Tribunal que por entonces constaba de nueve miembros devinieron en lo que propios y extraños reconocen como uno de los puntos más ponderados de las gestiones K: la conformación de una Corte Suprema diametralmente opuesta y digna de orgullo.
En el final de su ciclo, el gobierno vuelve a sus orígenes, eligiendo una vez más como enemigo a la Corte, a pesar de aquella recomposición que promovió el kirchnerismo. Hoy la Presidenta y sus voceros la emprenden cotidianamente contra ese tribunal, al punto tal que la última semana no hubo día en el que no se le diera un empellón. El origen de esta nueva embestida podría situarse en la sentencia de Ricardo Lorenzetti respecto a la misión del Máximo Tribunal de ponerle límites a los otros poderes, ya que ello mereció una fuerte respuesta de Cristina en uno de sus últimos discursos.
Sin embargo habría que situar la ira oficial en el 21 de abril pasado, cuando la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces aprobada por el Senado, por no haber contado esa votación con los dos tercios de los presentes en el recinto. Con esa resolución, el Tribunal abortó la estrategia puesta en marcha por el gobierno para alterar la composición de ese cuerpo y cambiar drásticamente su incidencia.
El kirchnerismo preveía volver sobre sus pasos y modificar la ley que impulsó nada menos que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006, derogando la Ley 23.774 por la cual el menemismo había aumentado la Corte a nueve miembros, fijándola entonces en cinco. La idea sería ahora volver a elevar el número, no se sabe si a siete o a nueve, pero alterando la mayoría que hoy el kirchnerismo ve como opositora.
De esas intenciones no habló jamás la Presidenta y hasta se especula con que el proyecto en cuestión no sería esta vez enviado por el Ejecutivo, sino escrito por algún legislador afín. Ningún kirchnerista consultado descartó esa posibilidad. Ni lo hace ahora, pues la idea sigue vigente. Pasa que se ha chocado con la obcecada decisión opositora de no habilitar ninguna nueva designación que promueva este Ejecutivo para la Corte. Así es que el pliego de Roberto Carlés quedó trabado en el Senado.
Pero hay que tener en cuenta que por alguna razón el gobierno todavía no decidió retirar ese pliego, dejándolo en espera, por si en algún momento se da la oportunidad.
La embestida contra el veterano Carlos Fayt está inscripta en esa búsqueda de forzar una nueva vacante en el Tribunal. Si el oficialismo tuviese éxito, ya no sería uno, sino dos los lugares por cubrir y sería imperioso hacerlo, por más que el presidente de la Corte aclaró el año pasado que podían funcionar con cuatro o tres miembros. El gobierno imagina que una Corte Suprema tan reducida generaría un cambio de actitud en algunos de los firmantes del compromiso opositor por el cual no avalarán ninguna designación del PEN; los suficientes como para llegar a los dos tercios. En ese caso, Carlés tendría la función de convertirse en prenda de negociación: retirarían su pliego para cambiarlo por uno más presentable y negociar con la oposición la otra vacante.
Pero como parece poco para semejante esfuerzo, todos los caminos llevan a prever la ampliación de la CSJN, de modo tal de habilitar más cargos por cubrir, más poder de negociación y mayor nivel de influencia en una nueva conformación. No habría que descartar entonces que la campaña en marcha termine generando el clima propicio para presentar ese proyecto que el kirchnerismo podría aprobar por mayoría simple. Y si bien está claro que no podría nombrar jueces en lo que resta de este mandato, el futuro gobierno deberá negociar con el kirchnerismo en el Congreso para contar con los dos tercios para las designaciones.
Ni hablar si el oficialismo gana las elecciones. Todas las designaciones saldrán de la pluma de la presidenta actual, en el período que va de octubre a diciembre. ¿O alguien imagina a Daniel Scioli resistiéndose por ese tema? Menos Florencio Randazzo… Son más argumentos para mostrar que lejos de las dudas de hace algunos meses, hoy nadie en el gobierno piensa que pasar a la oposición no sea tan malo.
Por el contrario, todas las medidas del gobierno apuntan a garantizarse el control futuro, o bien poblar de leales todos los organismos que puedan. Como si no fuera este un gobierno con solo siete meses por delante, el kirchnerismo sigue cubriendo con propios vacantes que en el futuro serán clave, como las tres direcciones del BCRA a las que el Senado dará el visto bueno próximamente. O creando organismos como la AFI, versión K de la exSIDE.
A propósito de ese organismo, generaron escozor esta semana los detalles del secuestro del empresario Daniel Rebagliati, quien estuvo cautivo nada menos que ocho días en manos de una organización delictiva con poder suficiente para una operación de semejante envergadura. Y que es hoy más poderosa, habida cuenta la cantidad de dinero del que lograron hacerse.
Se habló mucho de la posible vinculación con la temible organización subversiva Sendero Luminoso, y de las más posibles aún vinculaciones con organismos de seguridad. Lo cierto es que especialistas en temas policiales advirtieron que, producto de la reorganización de la exSIDE, ese organismo no se ocupó esta vez de hacer el seguimiento que hasta el año pasado se le daba a los secuestros extorsivos. Ese es el único organismo de inteligencia capaz de ocuparse de esos casos y lo hacía hasta ahora, pero los encargados ya no están en lo que fue la Secretaría de Inteligencia y por lo visto esa tarea no ha sido reasignada. ¿Ese nuevo estado de situación fue aprovechado de exprofeso por los secuestradores? ¿Hasta dónde podrían llegar los puntos de contacto entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad?
Cuando después de las elecciones porteñas muchos buscaban a qué encuestador culpar por la mala información que dio lugar al insólito festejo kirchnerista por el supuesto segundo lugar de Recalde, algunas fuentes señalaron a la AFI. Se sabe que los organismos de inteligencia suelen hacer encuestas, pero de ser así en este caso, deberían reverse seriamente las funciones del nuevo organismo.
