La diputada porteña María Rosa Muiños (FpV), presentó un proyecto para modificar la ley de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de llevar adelante una “descentralización real del poder, cuyos principales beneficiaros serán los vecinos”.En primer lugar, la iniciativa busca ampliar las obligaciones y competencias de los miembros de las Juntas Comunales, las cuales pasarán a estar conformadas por áreas similares a las del Poder Ejecutivo.

Además, se establece la confección del Presupuesto Participativo Comunal con el aporte de los vecinos de forma independiente al Gobierno porteño.

“Desde el Poder Ejecutivo quieren instalar la idea de que los comuneros cobran un sueldo por no hacer nada porque, en el fondo, quieren hacer desaparecer a las Juntas para no delegar el poder”, señaló la presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.

Muiños aclaró que uno de los propósitos principales del proyecto es “asignarles a los comuneros más competencias relativas a salud, educación o seguridad en el ámbito de su barrio, para lograr una descentralización efectiva”.

Por otro lado, se establecen una seri de responsabilidades para los miembros de cada Junta, quienes “deberán reunirse con una frecuencia mínima de una vez por semana y el comunero o presidente que se ausente sin autorización pierde el derecho a toda retribución correspondiente al tiempo que dure su ausencia”.

El expediente también plantea “el fortalecimiento de los Consejos Consultivos, los cuales deberán implementar mecanismos de participación en la elaboración del presupuesto, canalizar demandas, elaborar propuestas, definir prioridades y realizar un seguimiento de la gestión, con la participación activa de las asociaciones civiles, clubes de barrios, cooperadoras y centros de jubilados, entre otros”.

La iniciativa pretende dotar a las Comunas de “estructuras técnicas que colaboren con la Junta Comunal para un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada una, privilegiando al personal de planta permanente para ocupar esos cargos” y apunta al establecimiento de “una oficina dedicada exclusivamente al trámite y gestión de audiencias públicas, en pos de continuar profundizando los procesos de participación ciudadana y democracia participativa”.

Se establece también la creación de una Auditoría Interna que garantice el control de gestión. “El Auditor será designado a propuesta de los representantes de la segunda fuerza política de la Junta Comunal, con acuerdo de al menos dos terceras partes de sus miembros y permanecerá en el cargo por cuatro años”, explica la normativa.

“Debemos consolidar y profundizar el proceso de descentralización, y abordarlo como un mecanismo de democracia participativa que fomente la participación vecinal en la gestión y en los asuntos de gobierno”, concluyó la legisladora kirchnerista.