Representantes de la Asociación de Magistrados, de la Cámara del Crimen y de la Unión de Empleados de la Justicia avalaron la implementación del sistema acusatorio pero plantearon inquietudes sobre los proyectos de ley de implementación.
La comisión bicameral que debe proponer la implementación del nuevo Código Procesal Penal escuchó la opinión de jueces, defensores públicos y empleados judiciales, en el marco de una nueva ronda de consultas sobre los proyectos de ley para la aplicación del nuevo sistema acusatorio.
La apertura de la jornada en el Salòn Azul del Congreso estuvo a cargo del titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato. El sindicalista manifestó su “preocupación” por algunos aspectos de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, sin bien aseguró que “avala la implementación del sistema acusatorio” en reemplazo del sistema inquisitivo, por el cual los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la tarea de la investigación.
Piumato mencionó en primer lugar que la “concentración de poder en el Ministerio Público Fiscal creemos pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema”.
Pero mayor énfasis hizo “respeto a la carrera administrativa judicial”. Por un lado exigió el “derecho” de los trabajadores a optar quedarse “en el Poder Judicial o pasar al Ministerio Público”, “que los convenios de traspaso sean obligatorios para ambos ámbitos” y que se “respeten todos los derechos adquiridos” de los empleados.
Por otro, reclamó la “participación gremial en decisiones que pudieran afectar al personal” y “garantizar la efectivización del personal interino y contratado del Poder Judicial y de los ministerios públicos” Fiscal y de la Defensa.
La preocupación radica en que el Poder Judicial requeriría menos empleados dado que con el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, la tarea de investigación será exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En tal sentido, previo al inicio del debate, un nutrido grupo de empleados judiciales interrumpió el tránsito sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en la entrada del Senado de la Nación, en reclamo de medidas que protejan sus fuentes de trabajo.
Por su parte, Rodolfo Pociello Argerich, presidente de la Cámara Nacional del Crimen, aseguró que la “amplísima mayoría de los que estamos aquí presentes apoyamos y celebramos el cambio al sistema acusatorio”, pero advirtió sobre las “consecuencias de la ley de implementación” del nuevo Código Procesal Penal.
Apuntó principalmente a la comisión integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara de Diputados, del Senado, del Poder Ejecutivo y de las cámaras de Casación, que afirmó “reúne demasiado poder” y “va a signar la suerte de este código”. A su juicio, la comisión “debe estar integrada por jueces de distintos estamentos”.
Por otro lado, señaló que “se crean muchos cargos y no se dice cómo van a ser designados”.
Gustavo Kollmann, de la Asociación de Magistrados, centró su análisis en los cambios al Ministerio Público de la Defensa: dijo que la reforma propuesta “independiza” a los defensores “de los fiscales” y ponderó que se proponga otorgar “la tan anhelada autarquía financiera para que (el Ministerio) pueda ser realmente autónomo”. No obstante, cuestionó “la figura de defensor coordinador”, entre otras modificaciones.
