En la Comisión de Juicio Político, el Frente para la Victoria avaló un informe donde solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas varios documentos y declaraciones testimoniales, con el fin de analizar la aptitud psicofísica del juez de 97 años. La oposición denunció una maniobra antirreglamentaria y un intento de “asalto” a la Justicia.
Por Carolina Ramos
El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró dar el primer paso para iniciar un “proceso investigativo” de la aptitud psicofísica del juez Carlos Fayt, en una reunión de la Comisión de Juicio Político donde la oposición denunció una violación al reglamento y un intento de “asalto” a la Justicia.
El kirchnerismo impuso su mayoría numérica para avalar, tras un debate que se tensó por momentos, un informe donde solicita numerosas medidas de prueba para evaluar el estado de salud del ministro de la Corte Suprema, de 97 años.
En el texto, aprobado por 17 votos contra 9, el bloque kirchnerista pretende verificar si las “capacidades” de Fayt “están afectadas” y si eso puede derivar en un “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones, en una situación “sin antecedentes en el país y en el mundo”.
El oficialismo se basó en una nota presentada por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuando fue senador, aunque la oposición sostuvo que la verdadera intención del bloque mayoritario es impulsar el juicio político contra el juez supremo.
La presidenta de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti, advirtió al leer el informe que Fayt “supera en 22 años el límite etario fijado por la Constitución Nacional” en su artículo 99, con lo que justificó la pesquisa que comenzará en los próximos días, aún sin fecha establecida.
Entre las pruebas requeridas, el oficialismo pidió constancias documentales de la nota donde el periodista Horacio Verbitsky afirma que Fayt firmó desde su casa el acta que habilitó la reelección de Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte Suprema.
También se solicitó una fotocopia certificada de la acordada; el audio completo de la última entrevista a Fayt en Radio América y el video con el reportaje que concedió Verbitsky a Minuto Uno, además de convocar a periodistas de ambos medios.
No sólo fueron pruebas documentales las que pidió el kirchnerismo: también citó a prestar declaración testimonial a seis secretarios de la Corte Suprema, tres secretarios privados de Fayt y su chofer personal, además del aporte de un perito calígrafo para analizar la firma del juez.
La oposición se escudó bajo dos grandes argumentos; en primer lugar, denunció que el “proceso investigativo” no está contemplado entre las atribuciones de la Comisión de Juicio Político, y consideró que la causal de la edad no es suficiente para intentar remover al magistrado.
El macrista Pablo Tonelli, quien abrió el debate, explicó que “al no existir un pedido de juicio político, la comisión resulta incompetente para resolver medidas de prueba”, y agregó que “no sólo no hay causas graves, sino que la única imputación que se le hace (a Fayt) es ser viejo”.
“Esto es un embate político destinado a minar la voluntad de Fayt de permanecer en la Corte, y forma parte de un embate mayor contra el Poder Judicial”, alertó el diputado de Unión Pro.
En igual sentido, Alberto Asseff (Frente Renovador) advirtió que se trata de “una estrategia para desestabilizar a la Corte”, mientras que el jefe del bloque radical, Mario Negri, sumó otro argumento, al sostener que el expediente de Aníbal Fernández, presentado en 2014, “perdió estado parlamentario”.
“No hay necesidad de violar todos los reglamentos. Esto es una parodia y una vergüenza institucional. Haremos las presentaciones judiciales que correspondan”, amenazó el cordobés, y deslizó que “Fayt tenía 96 años el año pasado y el Gobierno no tenía ningún problema”.
Otro radical, Manuel Garrido, sentenció que “Aníbal Fernández no se anima a decir que lo que se está promoviendo es un juicio político”, y buscó rebatir al oficialismo al indicar que “las afirmaciones sobre la edad no tienen ningún fundamento científico”.
“Estamos ante un fundamento discriminatorio con una carga estigmatizante”, bramó el diputado, que habló de “un mecanismo de presión que apunta a influir sobre las decisiones de la Corte” y dijo que en cambio “al oficialismo no le preocupa que haya un mitómano en la SIGEN”, en alusión a Daniel Reposo.
Irónico, el radical Julio Martínez señaló que “están convirtiendo a la comisión en una empresa de medicina laboral” y asestó: “le piden (a Fayt) que ‘haga el cuatro’ sin caerse pero no le piden lo mismo a (Carlos) Menem cuando lo llevan al Senado a que les salve las papas”.
“Para el Gobierno hay ‘viejos buenos’ como Menem”, coincidió Margarita Stolbizer (GEN), quien denunció que “el oficialismo está dispuesto a llegar a una tortura psicológica” sobre el juez que, “sometido a una presión y estrés injustificados, tiene que demostrar que está vivo y que piensa”.
Por el Frente para la Victoria, Luis Cigogna garantizó que “no hay ninguna intención de estigmatizar a los mayores”, pero razonó que “es obvio que las facultades van disminuyendo con el paso de los años”.
El bloque mayoritario se defendió bajo el artículo 90 del reglamento de la Cámara baja, que habilita a la Comisión de Juicio Político a “investigar” en base a “quejas o denuncias” presentadas contra funcionarios públicos, y no necesariamente en base a pedidos de juicio político.
Por último, el secretario de la comisión, Jorge Cejas, comparó la situación con las críticas que se le formulan a Roberto Carlés, el candidato de 33 años del Poder Ejecutivo para cubrir la vacante producida en la Corte Suprema.
La reunión finalizó con varias sillas vacías de diputados de la oposición, que no lograron que prosperen los pedidos de juicio político al vicepresidente Amado Boudou; al canciller Héctor Timerman y a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Los citados
Los convocados por la comisión a brindar declaración testimonial son el secretario general de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi y Marcos Morán; el chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la Secretaría Privada de Fayt en la Corte, Adriana Vázquez y Rosario Horno; el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky; la periodista de CN23 Ana Vainman, y los periodistas del programa Gente de Derecho de Radio América Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.
