La comisión bicameral encargada de asesorar sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal escuchó este martes la opinión de actores involucrados en la materia y, tras un cuarto intermedio, se firmó un informe final que habilita el tratamiento de las leyes para acompañar la aplicación del sistema acusatorio.

Tras el debate, la comisión bicameral produjo varias y relevantes modificaciones al texto original, donde esta misma comisión finalmente reemplazará a la comisión de seguimiento, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.

Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.

Otra de las modificaciones importantes fue solicitada por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, y tiene que ver con el cambio de fecha para que comience a regir el nuevo Código en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: será el 1ro. de marzo del próximo año y tomando como distrito único toda la Capital Federal.

Los proyectos fueron presentados en abril pero se discutirán por primera vez este miércoles a partir de las 11 en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El objetivo del oficialismo es firmar los dictámenes ese mismo día para darles media sanción el miércoles 27, a pesar del pedido de la oposición de extender el período de análisis.

Las iniciativas regulan la aplicación del nuevo código aprobado el año pasado y reformulan los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa para adecuarlos al reemplazo del sistema inquisitivo por uno acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales a investigar.

Durante la reunión de este martes, el diputado radical Manuel Garrido manifestó su preocupación por “la falta de controles que tendrá la cabeza de la Procuración General de la Nación, ya que en el nuevo Código se le otorgan amplias facultades”.

“En el proyecto no se le dan facultades a la Comisión Bicameral de Control de Ministerio Público, con lo cual la procuradora podría echar a un fiscal aun cuando esté pendiente la resolución judicial de su caso; puede nombrar auxiliares fiscales sin concurso y a discreción, y no establece controles presupuestarios”, advirtió Garrido.

Además indicó que “el mandato es vitalicio y nosotros proponemos que dure siete años, así como también otorgar más facultades al órgano asesor integrado por los propios fiscales”.

Invitados

La principal expositora de la jornada fue la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, quien pidió postergar el debut del nuevo código en el ámbito de la Capital Federal, programado para el 1 de septiembre, si bien reconoció que en otras jurisdicciones ya se puede aplicar.

Además pidió más presupuesto para el Consejo y convenios laborales para garantizar los puestos y las condiciones laborales de los empleados del Poder Judicial, al tiempo que defendió la legalidad del proyecto de implementación en lo que hace a la Magistratura.

También expusieron ante la comisión Agustín Bruera y Vanesa Sigley, del Sindicato de Trabajadores por la Justicia (Sitraju), un desprendimiento opositor del sindicato que lidera el moyanista Julio Piumato.

Ambos celebraron la implementación del nuevo sistema procesal penal porque “significa la creación de nuevos puestos de trabajo” así como “una justicia más cercana, inmediata para todos”, pero transmitieron su temor por la continuidad de puestos laborales en el Poder Judicial, que perderá la atribución de investigar.

En este sentido, Sigley le reclamó al presidente de la Corte Suprema de Justicia -cabeza del Poder Judicial-, Ricardo Lorenzzetti, que se pronuncie “de manera urgente” por la “cantidad de centenares de trabajadores en situación de interinos y contratados”.

“Al momento de realizar la transferencia (de funciones del Poder Judicial a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa), va a ser necesario que esos trabajadores pasen a planta permanente porque sino van a perder poder adquisitivo, cargo y funciones”, explicó.