Gabriela Vázquez respaldó el proyecto oficial de implementación del sistema acusatorio pero objetó que el debut en Capital Federal sea el 1 de septiembre. También pidió garantizar los puestos y condiciones laborales de los empleados judiciales y más presupuesto para el Consejo.
La presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Vázquez, pidió al kirchnerismo la postergación de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, programada para el 1 de septiembre, si bien respaldó la constitucionalidad y legalidad del proyecto oficial de aplicación del nuevo sistema acusatorio.
Vázquez fue la encargada de cerrar la ronda de consultas de la comisión bicameral que asesora sobre la implementación del código reformado el año pasado, por el cual se reemplazará el sistema inquisitivo por uno acusatorio. De esta manera, los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán las investigaciones.
“El proyecto, en cuanto a las funciones que le asigna al Consejo de la Magistratura, tiene respaldo en la Constitución y la ley orgánica. Es necesaria una capacitación intensa y fuerte. Sería conveniente que se postergara un tiempo” la aplicación del nuevo código, sintetizó su opinión ante la comisión de diputados y senadores.
Pero el kirchnerismo no parece dispuesto a modificar la fecha de debut del nuevo sistema: será el 1 de septiembre en Capital Federal, a tres meses del cambio de gobierno, y luego se aplicará de manera gradual en otras jurisdicciones.
Para Vázquez, en cambio, la postergación serviría “para que el Consejo pueda colocar a los trabajadores en condiciones de poder hacer una implementación eficiente”. “En Capital federal me parece que se necesitan unos cuatro o cinco meses más, por lo menos. Fin de año o tal vez después de la feria”, precisó ante la consulta puntual de la diputada Patricia Bullrich.
No obstante la propia jueza reconoció que “en algunos lugares se puede empezar ya” y que “en algunas jurisdicciones podría empezar en dos meses”.
Más allá de eso, Vázquez advirtió que la implementación del sistema adversarial acusatorio requiere un “cambio cultural”. Y avisó que el Consejo ya comenzó con la capacitación sobre el nuevo código.
“Todos los actores están comprometidos con el sistema acusatorio, con sus paradigmas, con sus principios, porque está en sintonía con la Constitución Nacional y los tratados de derecho constitucional”, destacó.
Situación de los trabajadores
En otro orden, Vázquez compartió la preocupación de los empleados judiciales por sus puestos de trabajo. “Los trabajadores tienen miedos; los cambios siempre generar miedos, las personas tendemos a defender el statu quo”, evaluó.
Y opinó que “los traspasos tienen que estar garantizados” y que debe haber “convenios imperativos que no dependan de la voluntad de la cabeza de los órganos, pero que sea voluntaria la opción e los trabajadores judiciales para trabajar en alguno de los ministerios públicos” Fiscal o de la Defensa.
La preocupación se debe en que el Poder Judicial requerirá menos empleados dado que con el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, la tarea de investigación será exclusiva del Ministerio Público Fiscal, que es un órgano extrapoder.
Recursos
La jueza también aprovechó su presentación ante la Congreso para advertir que el nuevo sistema acusatorio “va a demandar al Consejo más gastos”, que aseguró no está en condiciones de afrontar.
“El Consejo de la Magistratura no tiene recursos para poder afrontar los gastos en infraestructura en todo el país. Para eso el Consejo de la Magistratura cuenta con cero pesos por la irracional e inequitativa redistribución de los recursos”, protestó y le pasó factura al presidente de la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, Ricardo Lorenzetti.
