El kirchnerismo aprobó en comisión las cinco iniciativas y buscará darles media sanción el miércoles que viene. La UCR y el peronismo disidente presentaron dictámenes alternativos que solo difieren en la reforma del Ministerio Público Fiscal.
La Cámara de Senadores aprobó en comisión el paquete de proyectos de ley para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, en el que los jueces se limitarán a juzgar y la investigación solo quedará a cargo de los fiscales.
Tres fueron los dictámenes firmados en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda: uno de mayoría, del Frente para la Victoria, y dos de minoría, uno de la UCR y otro del peronismo disidente.
Los despachos reproducen los informes que sus respectivos bloques emitieron este martes en la comisión bicameral encargada de asesorar y monitorear la implementación del nuevo Código, a cargo del senador oficialista Rodolfo Urtubey (Salta).
De esta manera, las iniciativas que presentó Urtubey están en condiciones de tener media sanción del Senado, en una sesión programada para el miércoles que viene.
Se trata de los proyectos “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de una iniciativa que incorporar “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.
Los dictámenes de la oposición solo difieren en lo que atañe a la Fiscalía, porque consideran que el proyecto oficial le otorga demasiado poder a la procuraduría general.
Modificaciones
Urtubey ratificó las modificaciones anunciadas este martes. La principal es la postergación de la fecha de debut del nuevo sistema procesal penal: estaba programado para el 1 de septiembre en Capital Federal y de manera gradual pero será el 1 de marzo y en todo el ámbito de la Ciudad.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función.
En el mismo sentido se estableció que los trabajadores judiciales, en caso de pasarse a los ministerios públicos, seguirán teniendo el derecho a ser efectivizados después de cinco años de contrato, tal como sucedería si siguieran en el Poder Judicial.
