El diputado Junio se refirió a las renuncias del vicerrector y del decano de Económicas y a las denuncias contra las autoridades de Derecho por corrupción.
El diputado nacional Juan Carlos Junio (Nuevo Encuentro) expresó su profunda preocupación por la crisis institucional desatada en la UBA, que se expresó en la renuncia de su vicerrector Darío Richarte y en la del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, a lo que se agregan acusaciones contra las autoridades de la Facultad de Derecho, ambos ligados a sectores de la oposición.
“Estos señalamientos de presuntos actos de corrupción dan cuenta de la prolongada crisis de sentido integral de dicha institución”, expresó el legislador.
“En el actual momento histórico, la Universidad debe dar respuesta a los desafíos que plantea un proyecto de Nación más democrático, igualitario, en el marco de integración continental. Es indispensable que las instituciones den respuestas a la formación de profesionales, la producción de conocimiento y el vínculo cada vez más estrecho de la Universidad con la comunidad e involucrarse en los retos de la época en términos políticos, sociales y culturales” agregó Junio, también director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
“La UBA –tal como advierte Federico Schuster, referente de «Otra UBA es Posible»- merece salir de su laberinto, y avanzar en un profundo proceso de democratización, así como en la redefinición de un proyecto institucional que la transforme desde sus cimientos”, finalizó el diputado.
Las acusaciones
Primero fue la renuncia del vicerrector Darío Richarte, profesor de Derecho, de alguna manera alcanzado por los coletazos del caso Nisman, por su paso por la SIDE durante el gobierno de la Alianza y por la actuación de su estudio de abogados.
Después siguió la sorpresiva renuncia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti: formado al igual que Richarte en la cantera de Franja Morada en los ’90, dejó el decanato al que siempre había aspirado tras apenas un año de gestión, envuelto en un escandaloso juicio de divorcio que, según trascendió, incluye acusaciones de su ex esposa por violencia doméstica y propiedades no declaradas.
La tercera –y por ahora última– pata de la crisis en el gobierno de la UBA se posó en Derecho, donde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dio curso a una denuncia contra las autoridades académicas por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Con el respaldo del radicalismo y el socialismo universitarios, entre otros sectores que representan las fuerzas mayoritarias en los claustros de Derecho, la decana Mónica Pinto comenzó su gestión como decana en 2010 y fue reelecta en 2013. Cerca de las autoridades de la facultad califican a la denuncia como una “operación” orientada a desgastar sus apoyos de cara a las próximas elecciones de graduados, que se llevarán a cabo el 2, 3 y 4 de junio.
