Este tema nos ocupa a muchos estudiosos desde hace décadas, y especialmente en los aspectos, actuariales, económicos y financieros, respecto de los cuales hemos publicado periódicamente nuestra opinión. Así, oportunamente expresamos que la problemática de los haberes jubilatorios, tema reiterado en comentarios públicos y privados, no ha generado la realización de estudios integrales (demográficos – actuariales – financieros – sociales) y factibles en el mediano y largo plazo, para el financiamiento del régimen jubilatorio nacional. Sólo se han planteado soluciones superficiales, parciales y coyunturales que continúan postergando la difícil e ineludible decisión de definir el sistema financiero y las fuentes de financiamiento del régimen jubilatorio nacional en particular y de la seguridad social en general. En este tema también hemos planteado lo impostergable de un estudio respecto de la integración nacional de la multiplicidad de sistemas, en un único sistema, no uniforme, donde la solidaridad social reemplace a la solidaridad grupal hoy vigente,. Ratificamos que la disolución del sistema previsional privado de capitalización individual y su integración al sistema público, constituyó un avance significativo en la materia, con las observaciones respecto de su falta de autonomía en la conducción y de autarquía en el financiamiento. Un próximo comentario respecto de la composición actualizada del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y sus aportes al tesoro nacional, ayudaran a comprender nuestro pensamiento del tema.

La determinación del valor, socialmente justo, y la movilidad automática posterior de los haberes jubilatorios, en el régimen nacional con algunas salvedades (sectoriales y temporales) están sin resolver para el universo de jubilados, y sólo se continúan proponiendo proyectos con expresiones voluntarias de soluciones justas, pero insostenibles en el tiempo.

Respecto de la fórmula de la ecuación adoptada en la ley No 26.417 para determinar la movilidad de haberes, mucho se ha debatido sobre las variables que la integran, sus combinaciones y limites paramétricos, pero en definitiva la formula expresa en forma parcial, el concepto y valor de movilidad que con precisión expresa la Constitución Nacional y las sucesivas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco hay publicación estadística de los valores utilizados para cada variable.

Actualmente, ya nadie duda de que el haber jubilatorio, es un sustituto del salario, por ello el monto a percibir por el jubilado debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador por igual categoría, oficio o función. Pero debemos ser precisos ya que cumplir esa relación ajustada a lo establecido en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional de manera universal e integral en el largo plazo, exige que el régimen tenga los recursos financieros suficientes y sostenidos en el tiempo. Hoy no está garantizado actuarial y financieramente y tampoco hay acciones de posibles soluciones, lo más integrales y universales posibles, que contemplen una justa y equitativa distribución generacional del costo de esas soluciones. Debemos asumir la insuficiencia de los recursos propios del sistema, y la tendencia descendente derivada del crecimiento de las expectativas de vida y de la reducción del colectivo de cotizantes por razones coyunturales y estructurales. Tema significativamente agravado, cuando la dolencia- inflación- esta presente.

Respecto de los salarios, nos remitimos a nuestro comentario puntual sobre el estado empleador y el inadecuado cumplimiento de sus obligaciones previsionales, en materia de remuneraciones y personal dependiente. Entonces nos pareció muy valioso el anuncio de la Presidenta de concretar un programa sin antecedentes, de regularización del personal no formalizado del sector público y de sus remuneraciones. Hasta la fecha prácticamente muy poco se ha hecho y avanzado en esa dirección.

Ratificamos nuestra preocupación de que sigamos repitiendo experiencias del pasado de sancionar normas que mágicamente solucionarían el problema y/o instrumentar sofisticadas ingenierías financieras para la determinación del computo de los servicios para la liquidación de los haberes y su posterior movilidad, y así creer que se resuelve la ecuación de la evolución de las erogaciones con la de los insuficientes recursos. Con la gravedad que significa alimentar expectativas justamente esperadas por los beneficiarios y para ello poner en marcha mecanismos o instrumentos que inicialmente resultan adecuados, pero que no serán factibles y sostenidos en el mediano y largo plazo. Recordemos la vigencia de la Ley No 14.499 y la experiencia de su corto período de aplicación. Idéntica problemática financiera se observa hoy, en regímenes provinciales donde rigen sistemas de actualización similares al de aquella ley No 14499.

En un próximo comentario detallaremos datos estadísticos respecto de los tributos destinados al ANSES, en afectación de la coparticipación de las provincias y de los tributos con asignaciones específicas, cuya creación y vigencia tienen limitaciones de forma y de tiempo.

Tomasetti es exprofesor de Seguridad Social Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.