Son cinco proyectos que incluyen la reforma de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa para adecuarlos al sistema acusatorio. La oposición advierte sobre un “exceso de atribuciones” para la procuradora.
El Senado debate este miércoles el paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por uno acusatorio con el cual los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la tarea de la investigación de causas penales.
Las leyes propuestas son “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.
En líneas generales, la oposición respaldó estos proyectos, con la excepción de la reforma del Ministerio Público Fiscal, ya que consideran que el proyecto oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Durante el debate en comisión, los textos sufrieron modificaciones. La principal es la postergación de la fecha de debut del nuevo sistema procesal penal: estaba programado para el 1 de septiembre en Capital Federal y de manera gradual pero será el 1 de marzo y en todo el ámbito de la Ciudad, como distrito único.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función.
En el mismo sentido se estableció que los trabajadores judiciales, en caso de pasarse a los ministerios públicos, seguirán teniendo el derecho a ser efectivizados después de cinco años de contrato, tal como sucedería si siguieran en el Poder Judicial.
Por otra parte, la bicameral que estudió la implementación del nuevo Código, presidida por Rodolfo Urtubey (FpV), reemplazará a la comisión de seguimiento creada en el texto original, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.
Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.
