El 28 de mayo es el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, que tuvo su origen en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, en el que se plantearon las causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres en todo el mundo. En este marco, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Giménez (UCR Mendoza) presentó dos pedidos de informes, uno sobre el desarrollo de la práctica de abortos no punibles, y otro sobre el estado de implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

En nuestro país, según lo establece el artículo 86 del Código Penal, se permite el aborto, en caso de que la vida de la mujer o adolescente corra riesgo o se trate de un embarazo producto de una violación. “Pero muchas mujeres han visto imposibilitado su derecho a abortar por dilaciones de los operadores, del sistema de salud o del Poder Judicial, aunque la Corte Suprema de Justicia dictaminó en marzo de 2012 que las mujeres víctimas de una violación puedan realizarse un aborto sin autorización judicial”, advirtió la diputada Giménez.

“Pasaron más de tres años del fallo ‘F.A.L.’ y según publica la Asociación por los Derechos Civiles las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el Estado Nacional carecen de una normativa que garantice el acceso a la práctica y en ocho jurisdicciones se dictaron normas que obstaculizan el derecho de las mujeres al aborto no punible”, añadió.

“Por eso –concluyó Giménez- he solicitado que por intermedio del Consejo Federal de Salud, cada provincia que se encuentra en mora informe acerca del estado de implementación de los protocolos para la realización de los abortos no punibles”.

En la otra iniciativa, la legisladora pidió al Ejecutivo que informe sobre el estado de implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y requirió que brinde explicaciones sobre “cuáles son las acciones emprendidas por el Ministerio de Educación de la Nación en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza y en las vinculaciones con las familias y auditorías realizadas del uso de los fondos con el correspondiente detalle por año y jurisdicción, desde la fecha de sanción de la ley”.

“Nos preocupa el aumento significativo de los porcentajes de jóvenes madres en provincias como Formosa, Corrientes, Salta y Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2001 hasta el 2013; del mismo modo reviste gravedad que el nivel de estudios alcanzados de las jóvenes madres, de entre ,15 y 19 años, sea primario completo, entonces es necesario revisar la eficacia de la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual“, señaló la legisladora en los fundamentos del proyecto.

Según el informe presentado al Examen Periódico Universal en 2012 por un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran FEIM, CLADEM, CELS, entre otras, “la falta de información presupuestaria es uno de los mayores obstáculos a la hora de analizar el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de educación sexual integral”.