La diputada nacional por la UCR Córdoba Patricia De Ferrari presentó una decena de proyectos (de resolución y declaración) vinculados a los beneficios otorgados por la exONCCA y UCESCI, así como también a los criterios de asignación de ROEs, sobre el rol de empresarios en la asignación de esos beneficios y los supuestos manejos poco transparentes de los permisos de exportación.

“En agosto pasado, el tratamiento de la ley de abastecimiento nos mostró el grosero comportamiento del oficialismo para con algunos empresarios del sector agropecuario, especialmente con Ider Peretti. Por eso, pusimos la lupa sobre los manejos en la asignación de ROEs y otros detalles de la política agraria kirchnerista. Así, luego de estos meses de trabajo, hemos presentado ocho pedidos de informe y dos proyectos de declaración en el Congreso, a través de los cuales buscamos sistematizar información que hasta el momento es profusa, inexistente o poco transparente, pese a que se trata de cuantiosos fondos públicos”, señaló la diputada y agregó: “Esto sumado a la información que hoy publica Clarin, en la que el periodista Longoni adjunta listados indicando a quiénes deben asignársele ROEs, nos permitirán avanzar en las próximas horas en una presentación penal, para que finalmente la Justicia investigue todo este proceder tan poco transparente”.

“No podemos horrorizarnos del manejo corrupto, discrecional y arbitrario de una entidad como la FIFA, mientras hacemos la vista gorda frente a las cada vez más inescrupulosas acciones dentro del Estado, sistemáticamente contrarias a los productores agropecuarios, en beneficio de amigos”, expresó De Ferrari.

Ante ello, la diputada cordobesa comentó que “hemos pedimos saber detalles acerca de la política de otorgamiento de ROEs; cuál el criterio de selección de los beneficiarios, los montos percibidos y los motivos de la nula idoneidad de algunos beneficiarios y la escasa información pública en relación con el tema. También solicitamos al Ejecutivo que informe sobre el rol de los empresarios Peretti, Borgogno y otros, vinculados al FPV que aparecen regularmente en maniobras, por lo menos, arbitrarias. La investigación los muestra con irregularidades en materia fiscal, con mala reputación entre los productores pero con la cualidad de ser muy cercanos a funcionarios nacionales fuertemente cuestionados, como el exsecretario de Comercio Moreno. Estos son algunos de los múltiples aspectos oscuros sobre los cuales esperamos respuesta”.

Y finalizó: “También escuchamos al ministro Kicillof reconocer que algunos vivos pagan a los productores precios inferiores a lo debido, al tiempo que se benefician al vender esos productos en el mercado internacional (asignación de ROE mediante) entonces nos preguntamos qué ha hecho el Estado Nacional para frenar estos avasallamientos indebidos, y de qué manera ha denunciado y/o accionado ante esta transferencia indebida, ahora que lo notó, pese a que las entidades del campo hace más de ocho años que denuncian este accionar”.