Buscan darles más protección legal a los alumnos de nivel inicial

Julio Cobos propone reforzar el control de la educación inicial mediante la creación de registros provinciales de instituciones y docentes que brindan educación inicial.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley que tiene como objeto dar un marco legal más sólido a la educación inicial. Dicha propuesta tiende a regular el sistema educativo en torno a los jardines maternales y de infantes; que poseen carencias legales.

Julio Cobos expresó su deseo porque “podamos dar impulso a esta propuesta. La Educación Inicial se verá reforzada y la integridad de los chicos preservada. Hay que ocuparse de estos temas educativos en la primera infancia, es una cuestión vital para su buen desarrollo”.

La educación inicial es la unidad pedagógica que comprende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los tres años de edad inclusive, y puede ser brindada tanto por instituciones de gestión estatal como por instituciones de gestión privada. Los mismos pueden pertenecer a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales comunitarias y otros.

“Hemos advertido algunas disfunciones y se deben principalmente a la falta de marco regulatorio y de controles externos sobre estas instituciones”, explicó el exgobernador de Mendoza. Asimismo, Cobos explicó que “este proyecto pretende robustecer las disposiciones de la Ley 26.206 de Educación Nacional en lo referente a la Educación Inicial, con el fin de proteger a los chicos y garantizar su bienestar frente a posibles dificultades derivadas de la privatización masiva de las instituciones que la brindan y la consecuente dificultad de controlar efectivamente sus métodos y funcionamiento”.

En su proyecto, Cobos propone reforzar el control de la educación inicial mediante la creación de registros provinciales de instituciones y docentes que brindan educación inicial. Por otra parte, el marco legal obliga a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a desarrollar un marco regulatorio para el control de las instituciones de dicho nivel inicial. Además, contempla el proyecto reforzar una disposición que ya existe en la ley de Educación Nacional y donde es menester que las actividades pedagógicas sean brindadas exclusivamente por personal docente que ostente el título de profesorado de educación inicial o de otro profesorado que habilite a brindar dicho servicio.

Julio Cobos expresó además que “incluimos en la propuesta la creación -en la sede del Consejo Federal de Educación- del Comité Técnico Federal de Educación Inicial como cuerpo federal de control externo de las instituciones de educación inicial. Esto existe en Francia y su especialidad será la auditoria de la gestión y del funcionamiento de dichas instituciones. Pero dicha tarea será con controles periódicos y también imprevistos”.

La última medida que se instaura con este proyecto es relativa a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849. En efecto, en caso de que se denuncien o se constaten violaciones graves de esta Convención, en el marco de las instituciones de educación inicial, se le otorga a la Nación un poder de intervención para frenar dichas agresiones y asegurar el cumplimiento y la aplicación de esta Convención.

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