En nuestro país, cada 35 horas una mujer muere por femicidio, es decir, es asesinada por violencia sexista. Cada día una mujer muere por razones de maternidad y si se observa la estructura de causas, el aborto sigue siendo la primera causa de mortalidad materna con un 27% de todas las muertes. A esta trágica realidad debemos agregar las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas o ex parejas; las que sufren violencia sexual y las atrapadas en las redes de trata y prostitución forzada cuyos números no se conocen realmente: se ignora la dimensión del drama, en una actitud complaciente hacia la desgracia, que busca ocultar el problema para no abordarlo.

Los escasos datos conocidos asoman como la punta de un iceberg más profundo que no hace más que recordarnos que se están violando severamente los derechos humanos de las mujeres y se las está marginando del proceso de desarrollo humano. La violencia contra la mujer, cuando es continua y sistemática, puede llegar a configurar un caso de tortura. Siempre opera como una herramienta de disciplinamiento y control social, que restringe el desarrollo de la plena capacidad de las mujeres para desplegar su plan de vida y elegir libremente opciones como lo decidiría cualquier varón.

Hoy no es suficiente la sanción de leyes ni el reconocimiento legal de los derechos, si no se aplican ni se implementan las políticas públicas en forma integral.

El ejemplo más claro, es la ley 26.485 de violencia contra la mujer. Un avance legislativo importante pero con escasa implementación en el país. El acceso a la justicia sigue limitado. La telaraña judicial es tan engorrosa, lenta e inoperante que termina castigando a la propia víctima.

Las medidas precautorias –por ejemplo de no acercamiento- aplicadas de manera aislada no garantizan la seguridad de las víctimas. Ante su violación por parte del agresor, no se registra ninguna consecuencia, por lo tanto terminan siendo contraproducentes porque refuerza la impunidad del agresor.

Por ello resulta apropiada la inclusión en el Anteproyecto de Código Penal presentado en el año 2014, del delito de desobediencia de las órdenes judiciales de no acercamiento dictadas en procesos de familia, imponiendo prisión de 6 meses a un año.

La denuncia en sede judicial debería ofrecer mayores garantías de respeto a los derechos humanos y los plazos responder con la celeridad necesaria para proteger los derechos vulnerados. Por último, es una constante la falta de conexión entre los juzgados del fuero de familia y de la justicia de paz con los juzgados del fuero penal. Las causas están desconectadas y ello puede afectar la evaluación del riesgo y llevar desconcierto y confusión en la víctima. Tampoco hay mecanismos de conexión con los organismos del Poder Ejecutivo.

Firmar compromisos no es tan difícil. Lo difícil es cumplirlos, generar políticas de estado consistentes para lograr los fines propuestos, monitorear su cumplimiento, elaborar y publicar los datos estadísticos que permitan diseñar políticas públicas y asignar los recursos necesarios. Eso es simplemente actuar con la debida diligencia y respetar en serio los derechos humanos de las mujeres.

Tenemos que instalar fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual, por barrio y con atención continua, especializada e interdisciplinaria. Crear juzgados para atender las cuestiones de violencia con competencias mixtas, civiles y penales y con monitoreo de las medidas precautorias y medidas sancionatorias que corresponda aplicar. Tienen que tener conexión con el sistema de salud y los servicios sociales integrados en las políticas públicas. Tiene que implementarse el patrocinio jurídico gratuito que garantice la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

Si aspiramos a un desarrollo humano con equidad tenemos que pensar en la necesidad impostergable de incluir a las mujeres y para ello, tenemos que hablar de inclusión con perspectiva de género y un enfoque integrado de los derechos humanos, las políticas públicas y los recursos. Tenemos que crear un Ministerio de la Mujer y diseñar e implementar una política de estado que lleve adelante un plan nacional de igualdad real de oportunidades y trato que articule a los tres poderes de gobierno.

De lo contrario, seguiremos declarando emergencias y contabilizando las noticias aparecidas en los diarios dando cuenta de más femicidios, en un espiral de violencia machista que se cobra la vida de las mujeres.

Hoy pedimos: NiUnaMenos.

*Diputada nacional MC por el Partido Socialista. Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (F.A.C.A.).