“Es mi intención colaborar en la búsqueda de una solución final a una controversia de vieja data entre La Pampa y Mendoza por las aguas del Río Atuel”, sostuvo este miércoles la senadora Laura Montero, a la salida de los tribunales nacionales donde mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Como se recordará, Mendoza y La Pampa mantienen un conflicto de larga data por la utilización de las aguas del Río Atuel. En 1987, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia, donde fueron tres los resolutivos principales: se declaró la interprovincialidad del Atuel, se rechazó una acción posesoria promovida por La Pampa, exhortándose a ambas provincias a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa de los “usos futuros” de dichas aguas.

Por entonces, se reconoció a Mendoza el derecho de irrigar 75.651 hectáreas con aguas de dicho río en el oasis sur y solo luego que dicho abastecimiento se encontrarse cubierto, se vería obligada a escurrir agua hacia la vecina provincia. A casi tres décadas de la sentencia de la Corte, La Pampa entabló una nueva demanda contra la provincia de Mendoza, la cual se encuentra procesalmente en etapa de traslado de la demanda.

La legisladora nacional explicó que “lamentablemente, y de igual modo que en 1987, lo cierto es que cualquiera sea la resolución del juicio, no se obtendrá más agua; que es lo que se necesita para resolver el problema. Ni siquiera Mendoza ha podido llegar a la cifra citada para cubrir sus derechos reconocidos. Con el paso del tiempo, la situación tiende a agravarse, por lo tanto considero que es pertinente encontrar caminos que permitan conjuntamente alcanzar una solución justa y definitiva al conflicto, y que además siente precedentes sobre la crisis hídrica”.

Laura Montero sostuvo que en las recorridas que viene haciendo por la provincia en los dos últimos años “hemos tomado en cuenta la opinión de gran número de regantes empadronados en la cuenca del Río Atuel, oriundos de los departamentos de General Alvear y San Rafael. Concretamente, los productores no quieren conflicto, ni tribunales, necesitan el agua. Entonces, es mi deber como representante de Mendoza, buscar alguna viabilidad procesal para abrir una instancia de mediación y podamos avanzar -con la colaboración de las comisiones técnicas respectivas- en una solución a partir de la realización de la obras hidráulicas necesarias”.

“Sería bueno el cumplimiento, por parte de la Nación, de obras cruciales que están pendientes como Portezuelo del Viento”, dijo Montero y agregó “Según lo firmado y acordado, existen obligaciones que la Nación ha incumplido respecto a la construcción de la obra hidroeléctrica; junto al emprendimiento del trasvase del Río Grande al Atuel, que fuera aprobado por la Ley de la Legislatura Provincial N° 7.708. La Nación en estos últimos ochos años ha incumplido sus obligaciones y el Gobierno Provincial no ha exigido ese cumplimiento”.

Finalmente, la exministra de Economía de Mendoza deslizó que se está estudiando en la Corte ampliar el plazo para la contestación de la demanda, que vence en los próximos días, y abrir una instancia de audiencia para lograr un acuerdo entre ambas provincias a fin de solucionar el conflicto en forma definitiva.