Estará integrada por los legisladores que presentaron iniciativas, y trabajará durante 30 días. Mientras tanto, un grupo de organizaciones promueve un debate de precandidatos para el próximo 4 de octubre.
Una subcomisión de diputados nacionales intentará consensuar los diferentes proyectos de ley para concretar por primera vez en la historia del país un debate presidencial, aunque la norma no entrará en vigencia para las elecciones de este año.
Así lo acordó este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el kirchnerista Diana Conti, mientras un grupo de organizaciones nucleadas en la iniciativa Argentina Debate impulsa este evento para el próximo 4 de octubre.
La subcomisión, que trabajará en un plazo de 30 días, estará integrada por los diputados que presentaron proyectos de ley, pertenecientes a todos los bloques políticos, sumados al oficialista y apoderado del PJ Jorge Landau, y Juan Manuel Pedrini.
De esta manera, el grupo de trabajo quedará conformado por Carla Carrizo (Suma+), Adrián Pérez (Coalición Cívica), Alberto Asseff (Frente Renovador), Omar Duclós (GEN), Oscar Aguad (UCR), Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) y Laura Alonso (Unión Pro) en representación de Patricia Bullrich.
Aunque la intención es poder consensuar un proyecto este año, la ley no comenzará a regir este año, pero existe una propuesta para concretar el debate entre los precandidatos presidenciales que ya tiene fecha y lugar: el 4 de octubre en la Facultad de Derecho.
“El debate presidencial es un bien socialmente necesario”, sostuvo Asseff, al indicar que en esa instancia “las promesas se hacen de cara a la sociedad”.
En el mismo sentido, Duclós aseguró que “el debate permite recuperar la centralidad de las ideas y propuestas en la acción política y establecer la comunicación directa del candidato y los electores, sin elementos que puedan distorsionar su mensaje o dificultar su recepción”.
A la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales fueron convocados el senador nacional Eduardo Aguilar (FpV-Chaco), autor de uno de los proyectos de ley; y Hernán Charosky, coordinador de Argentina Debate.
Aguilar destacó que en Chaco, donde ya se disputaron las PASO, “se va a dar por primera vez un debate entre candidatos a gobernador” gracias a la ley impulsada por él mismo y votada en 2013 en la Legislatura provincial.
El senador explicó que su propuesta utiliza un mecanismo similar al de las elecciones primarias para establecer quiénes podrán y deberán debatir.
La condición fijada es que los candidatos superen en las PASO el 15 por ciento de los votos, así como también las agrupaciones que compitan en una interna y, en suma, alcancen esa cifra.
Según apuntó Aguilar, se establece este piso para “evitar una instancia de bipartidismo extremo, como sucede en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, y también evitar que se pueda dar un debate entre ocho o nueve candidatos”.
El proyecto del chaqueño también fija una pena para los candidatos que no quieran debatir, que consistiría en retirar el 50 por ciento de los fondos que los postulantes reciben en concepto de publicidad por parte del Estado.
Aguilar consideró que su proyecto “ayuda a institucionalizar algo que no forma parte de la cultura política” y a combatir la conducta de los candidatos que no quieren debatir porque “les va bien en las encuestas”.
En el mismo sentido se expresó Charosky, integrante del CIPPEC y coordinador de Argentina Debate, una iniciativa nacida el año pasado de la mano de distintas organizaciones que promueven un debate entre precandidatos presidenciales.
“El debate es una instancia igualitaria que les permite a todos los elegidos estar en pie de igualdad”, remarcó, y puso como ejemplo el caso de Brasil, donde el año pasado hubo numerosos debates entre los candidatos y “pudimos ver a Dilma Rousseff debatiendo con candidatos que quizá tenían el 5 por ciento” de los votos.
