Se trata de una unidad en la que fueron fusilados 29 presos políticos durante el Proceso. Advierte la diputada Graciela Villata que hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes.
La diputada nacional Graciela Villata repudió la intención de demoler la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial por parte del Gobierno de la ciudad de Córdoba y, a la vez, acompañó la solicitud de Miguel Baronetto, víctima del mencionado establecimiento.
Lo hizo a través de un proyecto en el que recordó que en esa unidad fueron fusilados, entre marzo y octubre de 1976, 29 presos políticos, en lo que marcó el pico más alto del régimen terrorista creado por los militares en la Penitenciaría de barrio San Martín.
Por decisión del gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, la cárcel de barrio se desalojó completamente en abril de este año, con la intención de ser demolida próximamente para dar lugar a un parque verde y recreativo, que será inaugurado antes de fin de año.
“Las autoridades provinciales quieren imprimirle un trámite rápido a todo el proyecto, con el objetivo de que sea el propio De la Sota quien lo inaugure antes de que finalice su mandato el próximo 10 de diciembre”, señala la diputada del Frente Cívico. Ante esta decisión, el juez federal Nº3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida de “no innovar” al Gobierno provincial, no debiendo ser demolida la Penitenciaría debido a las investigaciones judiciales en curso sobre violaciones a los derechos humanos. “Tanto en este juzgado como en la Fiscalía Nº3 de Graciela López de Filoñuk hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes”, dijo Vaca Narvaja.
Miguel Baronetto, ex preso político y querellante en la causa UP1, había realizado una presentación para que no se avance en la demolición. En su escrito, Baronetto dijo que había “podido verificar que se habrían iniciado las tareas de demolición, según me fuera informado primero por vecinos del lugar, constatado luego en forma personal desde los exteriores a los muros perimetrales”.
El juez federal Vaca Narvaja no constató aún los dichos de Baronetto pero dispuso resguardar el establecimiento. “Intentando justificar la topadora del actual gobierno, la Ministra de Justicia y DDHH Graciela Chayeb afirma que ‘sólo dos presos políticos fueron asesinados en el interior de la cárcel, los otros dos fueron muertos afuera’”, apuntó Villata, quien se pregunta si ello es “ignorancia jurídica”.
