Se trata de las cinco iniciativas para implementar el sistema acusatorio, algo que costará 867,4 millones de pesos al año. Al igual que en el Senado, la oposición centró sus críticas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. El tema se debatirá en el recinto la semana próxima.
En un trámite sin complicaciones, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados consiguió firmar los cinco dictámenes de los proyectos para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1ro de marzo del año próximo.
Las iniciativas fueron avaladas con apoyo parcial de la oposición en las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, y serán debatidas en el recinto el miércoles de la semana que viene, cuando el oficialismo intentará convertirlas en ley.
El paquete legislativo consiste en un proyecto de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y modificaciones al Código Penal en materia de extinción de la acción.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal demandará al Estado un total de 867,4 millones de pesos anuales, según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) al precisar el impacto fiscal de la reforma.
De ese total, la puesta en marcha de la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal implicará una erogación anual de 655,5 millones de pesos y abarca una cantidad de 2154 cargos, ya que los fiscales serán ahora quienes llevarán adelante las investigaciones.
En tanto, para el Ministerio Público de la Defensa se destinarán 211,9 millones de pesos, que abarcan otros 1407 cargos.
La discusión
Durante el debate, conducido por la oficialista Graciela Giannettasio, la oposición sólo apoyó la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y las modificaciones del Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.
Los bloques antikirchneristas centraron sus críticas en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con los mismos argumentos esgrimidos en el Senado.
En esta línea, insistieron en que el proyecto oficial otorga “excesivas atribuciones” a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó, que está en la mira por la designación de fiscales “afines” al Gobierno.
“Se le otorga un cúmulo de atribuciones que no se contrapesa ni balancea con ningún tipo de control interno y externo”, se quejó el radical Manuel Garrido, quien integró la comisión bicameral que analizó los proyectos con la presencia de invitados.
Para el diputado, el proyecto “apunta a darle un barniz legislativo a la situación actual de la Procuración”. “Entendemos que el Congreso debería modificar la ley vigente en consonancia con el Código, pero también debería garantizar los equilibrios del sistema constitucional”, consideró.
Además, el exfiscal anticorrupción recordó que el Congreso nunca puso en funcionamiento la comisión de seguimiento del Ministerio Público Fiscal.
En otro orden, Garrido denunció un “esfuerzo presupuestario que no se justifica ni económica ni judicialmente” para los juzgados que “no se ocupan de delitos de narcotráfico, criminalidad organizada ni corrupción” sino de “delitos que en su mayor medida son contra la propiedad”.
Sobre el caso de Gils Carbó, Patricia Bullrich (Unión Pro), aclaró que “se está legislando en base a una institución, no una persona” y pidió “más controles para quien esté al frente de esa institución” con el fin de “avanzar en un sistema de mayor democratización”.
Sobre el proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, la macrista volvió a reclamar el traspaso de la administración de Justicia a la Ciudad de Buenos Aires.
“Ya pasaron más de 20 años desde el comienzo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con madurez suficiente para que la Ciudad pueda administrar su Justicia”, fundamentó Bullrich.
En el mismo sentido, su par Pablo Tonelli advirtió que el proyecto de implementación del nuevo Código “claramente viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, el camporista Juan Cabandié recogió el guante y le recordó que la Legislatura porteña todavía no aprobó el traspaso de una serie de delitos, como los relativos a la libertad de trabajo y asociación, el desarmado de autos y las actividades deportivas.
Según explicó Cabandié, se trata del tercer convenio de transferencia de la Justicia Penal Nacional avalado por el Congreso Nacional, el cual la Legislatura porteña aún no ratificó.
En respuesta, Tonelli le aclaró que la razón por la que no se aprobó este traspaso de delitos es que “la Nación nunca cumplió con las transferencias de fondo pactadas en el primer y segundo acuerdo”, pero adelantó que se avalará en los próximos meses.
Por su parte, Pablo Javkin (Coalición Cívica) lamentó que no se haya tomado el modelo de las provincias que ya pasaron del sistema inquisitivo al acusatorio, como en el caso de Santa Fe y otras con gobiernos oficialistas.
Por último, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, recordó el rechazo de su bloque al Código Procesal Penal al advertir que “reconoce a los trabajadores su condición de precarizados”.
