En el Parlamento de la Ciudad se presentaron, en los últimos días, diferentes proyectos que buscan respaldar estatal y legalmente la lucha contra la violencia de género. La instauración de fechas, la declaración de emergencia en la materia, la prevención en los noviazgos adolescentes y el acoso callejero, son algunos de los temas que preocupan a los diputados.
Por Melisa Yael Jofré
El incesante crecimiento de casos de femicidios y violencia de género registrado en el país en los últimos años ha provocado que la problemática adquiera visibilidad, y se comiencen a elaborar normativas legales dispuestas a garantizar los derechos de las mujeres. Diversas organizaciones de la sociedad civil han impulsado el debate público y reclaman la regulación estatal.
En el marco de la multitudinaria marcha que se realizó el pasado 3 de junio en la Plaza de los Dos Congresos –y diversos puntos del país-, bajo la consigna #NiUnaMenos, varios legisladores porteños participaron de la movilización. Con anterioridad, durante la sesión del 14 de mayo, los diputados habían votado en forma unánime la declaración que expresa “su mayor preocupación por los numerosos femicidios registrados en nuestro país”. El proyecto fue presentado por la jefa del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre.
A través de la iniciativa, la Legislatura se comprometió a llevar adelante todas las propuestas y acciones que le correspondan en el ámbito específico de su competencia, así como instó a hacer lo propio a todas las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto.
Teniendo en cuenta el cuadro legal que existe a nivel nacional la Ley N° 26.485 –sancionada en 2009- de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es una herramienta que contiene numerosas disposiciones orientadas a prevenir actos de violencia originados en razones de género, investigar ese tipo de denuncia con el fin de esclarecer lo ocurrido, sancionar a los responsables y garantizar asistencia integral a las víctimas.
Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va del corriente año, en el Parlamento se han presentado diversos proyectos que tienen como objetivo comprometerse en la lucha contra la violencia de género. Dentro de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, obtuvo dictamen, esta semana, una iniciativa de los legisladores Francisco Quintana y Victoria Roldán Méndez (Pro) que propone conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del corriente año.
Los diputados explicaron que “desde 1981 militantes por los derechos de las mujeres celebran este día, fecha elegida en memoria del cruel asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana”.
Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) presentó un proyecto de ley que propone instaurar la “Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de cada año.
La normativa tiene por objetivo intensificar las acciones que desarrollan habitualmente los organismos del sector público de la Ciudad, para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, y la violencia contra las mujeres.
Durante la “Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, el Gobierno de la Ciudad deberá realizar actividades y campañas de difusión sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Ministerio de Educación desarrollará jornadas educativas con la participación de alumnos/as y docentes de todos los niveles educativos; y el Ministerio de Desarrollo Social difundirá datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, en la Legislatura porteña se llevará a cabo un Seminario con asistencia libre y gratuita, organizado y convocado por las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y la de Derechos Humanos. Los diputados integrantes de dichas comisiones, los expertos académicos, y demás expositores convocados, expondrán respecto a las normativas y políticas públicas vigentes en la Ciudad en materia de protección y prevención de la violencia a las mujeres.
Para Cerruti “los Estados son responsables del diseño de políticas públicas que tiendan a resolver los conflictos detallados. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial”.
El legislador Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) elaboró una propuesta para que se declare la emergencia en violencia de género, por el término de dos años.
Además de campañas de prevención y concientización, y programas de reinserción laboral para las víctimas, el proyecto del diputado plantea una asistencia integral. “En cada una de las quince Comunas deberá crearse un Centro Integral de la Mujer (CIM) a fin de brindar atención psicológica, asesoramiento jurídico y asistencia social, todo en forma gratuita”, establece el artículo 4.
Asimismo, Bodart propone instalar dos “Casas-refugio” en cada una de las comunas, para la atención y el albergue de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os, en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique riesgo.
Otra de las medidas clave de la iniciativa radica en la necesidad de ampliar el Presupuesto destinado a la problemática, el cual “no debe ser inferior al medio por ciento (0.5%) del Presupuesto General anual de la Ciudad”.
Por otra parte, la diputada Virginia González Gass (PSA), elaboró un proyecto –ubicado en la Comisión de Educación- que pretende detectar, prevenir y evitar toda forma de Noviazgos Violentos en el ámbito de la Escuela Media.
Los objetivos de la iniciativa son “brindar herramientas para que los/as alumnos/as puedan identificar tempranamente los indicios de la violencia en el noviazgo a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza”. Además, busca promover “la reflexión sobre las diferentes formas de relación que pueden darse en el noviazgo y la importancia de la ruptura de estereotipos de género”.
La normativa establece que el Ministerio de Educación deberá capacitar al personal docente y no docente, elaborar y distribuir material bibliográfico, como así también desarrollar y promover talleres, jornadas u otras acciones que considere pertinentes para abordar la temática.
“La violencia durante el noviazgo se convierte en un punto clave: el 50% de las mujeres víctimas de violencia en manos de sus parejas declararon haber comenzado a sufrirla desde los primeros tiempos de la relación”, explicó la legisladora.
Asimismo, González Gass propuso una propuesta para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan incorporarse, de manera inmediata, dentro del ámbito laboral del Gobierno porteño.
El acoso callejero
Dentro de la Comisión de Justicia se encuentran dos proyectos en relación a la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, más conocido como “callejero”, forma de violencia verbal/gestual que en su gran mayoría atenta contra las mujeres. El legislador Pablo Ferreyra (Seamos Libres) presentó una iniciativa en la que explica que el acoso puede manifestarse a través de conductas tales como: miradas lascivas, silbidos, besos, gestos obscenos, comentarios sexuales, contacto físico no consentido, persecución, entre otras.
El diputado pidió que, para sancionar en forma efectiva a los victimarios, se modifiquen dos artículos del Código Contravencional de la Ciudad. En cuanto a las personas que intimiden u hostiguen a través de conductas acosadoras, serán sancionadas con uno a tres días de trabajo de utilidad pública; 200 a 600 pesos de multa; o uno a tres días de arresto. La pena se elevará en casos como el contacto físico no consentido, la persecución, el arrinconamiento, etc.
Por su parte, la propuesta de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) establece que la prevención se realizará a partir de campañas de difusión que contribuyan a concientizar y a dar visibilidad a la problemática; la elaboración y distribución de material que informe sobre el contenido de la ley y las características del acoso sexual callejero.
Además, la Policía Metropolitana deberá “elaborar un protocolo de actuación ante denuncias de acoso sexual en lugares públicos que respete la normativa local, nacional e internacional de protección de los derechos humanos”.
Los diputados porteños de todas las fuerzas políticas expresaron su compromiso para debatir en forma rápida –tanto en las comisiones como en el recinto- las iniciativas concernientes a la violencia de género, y asumir la responsabilidad de sus competencias para garantizar la mayor cobertura legal en la materia.
