Julián Domínguez acusó al juez Ercolini de violar la Constitución al entrometerse en los asuntos del Congreso. La oposición insistió que la investigación para determinar la idoneidad del juez es “ilegal”.
El caso Fayt volvió a desatar una fuerte polémica en el pleno de la Cámara de Diputados. Luego de que el juez Julián Ercolini diera curso a la denuncia de una ONG contra diputados kirchneristas de la Comisión de Juicio Político, el Frente para la Victoria acusó al magistrado de violar la Constitución al entrometerse en los asuntos del Congreso.
El accionar del juez fue condenada por el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, a través de una cuestión de privilegio planteada durante la sesión de este miércoles. El dirigente kirchnerista dijo que “tal requerimiento” es “inadmisible” y aseguró que “los actos preparatorios del ejercicio de las potestades del Poder Legislativo no están sujetas a control alguno”.
Para Domínguez, esto “lleva a que el Poder Judicial -que es un poder contra-mayoritario y vitalicio, ajeno a procesos de representación- intente apropiarse de potestades que la Constitución Nacional pone en cabeza del Poder Legislativo, el que cuenta con aval del voto popular, que es la expresión del principal de soberanía”.
“La situación se agrava mucho más aún si se tiene presente que este no es un obrar aislado”, advirtió el diputado y completó que “el Poder Judicial se convierte en legislador de última instancia”.
Domínguez denunció entonces “una práctica cada vez más repetida que no tiene más fin que condicionar a los representantes del pueblo de la Nación”. “No aceptamos que se judicialice la política por aquellos que lo que no lo consiguen por el voto lo hacen a través de jueces”, manifestó enérgico.
Finalizando su intervención, el diputado justificó la cuestión de privilegio “para hacerle saber al juez” que los hechos observados “no configuran materia justiciable” y que “la potestad” del Congreso no puede ser “apropiado por ningún otro poder”.
Críticas de la oposición
Minutos antes, los diputados Mario Negri (UCR) y Laura Alonso (Unión Pro) denunciaron que el proceso investigativo del kirchnerismo es ilegal. El primero sostuvo al respecto que el reglamento de la Cámara baja determina que la comisión “es competente exclusivamente para actuar en caso de responsabilidad de funcionarios públicos sobre los que se efectúe una denuncia de juicio político”; pero que el reglamento interno del grupo de trabajo “deja en claro absolutamente que la comisión carece de competencia para promover per se un juicio político y está en consecuencia inhabilitada para iniciar u proceso de investigación”.
“Es decir, han subvertido el orden de facultades y responsabilidades. Se investiga como consecuencia de un juicio político y no para iniciar un juicio político”, precisó.
En el mismo sentido, Alonso sostuvo que “se ha violado el reglamento de la Cámara y el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político”, así como “el espíritu de la manda constitucional”. La investigación es “nula de nulidad absoluta e insanable”, afirmó.
