El kirchnerismo busca convertir en ley cinco proyectos para acompañar el debut del sistema acusatorio. También se trata un régimen para la designación de jueces subrogantes, la cuenta de inversión 2011 y aumento de penas por delitos viales.
El pleno de la Cámara de Diputados realiza su tercera sesión del año con los proyectos de implementación del nuevo Código Procesal Penal como tema principal. La reunión, de carácter especial -con temario cerrado-, comenzó a las 14.20 y se espera que dure hasta la madrugada del jueves.
El primer punto del temario fue la consideración de la cuenta de inversión 2011, aprobado luego de un debate de alto contenido político: se trata de la evaluación que hizo el Poder Ejecutivo de la implementación del Presupuesto ejecutado el año en que Cristina Kirchner gestionó sin ley del Congreso, por entonces con mayoría opositora.
Luego comenzó a debatirse un paquete de proyectos sobre el área de Justicia, todos venidos del Senado. Primero se debatirá un régimen para la designación de jueces subrogantes para tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia y luego las cinco propuestas sobre el Código Procesal Penal. A continuación se votará la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento de Piedrabuena, Santa Cruz.
Con media sanción de la Cámara alta, también se tratará la autorización a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y a la salida de fuerzas nacionales del país para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, desde el 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.
El temario incluye la creación de dos aduanas en Santa Fe, una con asiento en Venado Tuerto y otra en Rafaela, impulsadas por el diputado oficialista Omar Perotti, candidato a gobernador de dicha provincia.
Asimismo, la Cámara baja insistirá en la sanción de la versión original de un proyecto de ley de ejercicio profesional de los guardavidas.
A la postre se abordará un dictamen consensuado entre los bloques políticos sobre modificaciones al Código Penal sobre agravamiento de penas en caso de muerte o situación de peligro para la vida e integridad física de las personas, causados por el uso de automotores.
El último proyecto a considerar será un régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios.
Código Procesal Penal
El nuevo código aprobado el año pasado reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la facultad de investigar.
El paquete legislativo consiste en un proyecto de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y modificaciones al Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.
Las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1 de marzo del año próximo, si bien la versión original contemplaba la implementación este mismo año.
La oposición concentra sus críticas en la reforma del Ministerio Público Fiscal, al advertir que la propuesta oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó. Otros proyectos, como los cambios en el Código Penal, cuentan con respaldo.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función.
Por otra parte, la bicameral que estudió la implementación del nuevo Código, presidida por Rodolfo Urtubey (FpV), reemplazará a la comisión de seguimiento creada en el texto original, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.
Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.
Cuenta de inversión
El oficialismo también procurará avalar el balance de resultados que hizo el Ejecutivo sobre la ejecución del Presupuesto de 2011, el único año en el que Cristina Kirchner gobernó sin ley de gastos y recursos del Estado luego de que el oficialismo desistiera de consensuar un proyecto con la oposición cuando esta tenía mayoría.
Con las cuentas de inversión los gobiernos rinden cuentas de cómo se obtuvieron y gastaron los fondos públicos en un año calendario. Por eso es considerada como un acto administrativo de control, en el sentido de que es un medio idóneo para verificar el real cumplimiento por parte del Ejecutivo de lo normado en la ley de Presupuesto y constituye una herramienta para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental.
Pero en este caso será un análisis particular, ya que el Gobierno manejó los gastos y recursos por decreto. Se trata, además, de un intento del Frente para la Victoria de dejar las cuentas en claro antes de que Cristina Kirchner deje el Gobierno en diciembre próximo.
Régimen de subrogantes
También sería ley un proyecto del Poder Ejecutivo que establece un régimen para la designación de jueces subrogantes para tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa sostiene que “es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores (a la Corte Suprema de Justicia)”.
Asimismo, determina que en caso de licencia inferior o igual a sesenta días la designación será realizada por la cámara del fuero, con comunicación inmediata al Consejo de la Magistratura que podrá ratificarla o modificarla. En los casos de tribunales con competencia electoral la propuesta deberá ser formulada por la Cámara Nacional Electoral.
En el artículo dos del proyecto establece que el Consejo de la Magistratura designará subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes.
En el artículo cuarto, sostiene que para el “supuesto excepcional de que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Senado de la Nación para la aplicación inmediata de la presente ley, el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario”.
Durante el debate en comisión, los diputados Pablo Tonelli (Unión Pro), Manuel Garrido (UCR) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista) adelantaron su rechazo al proyecto oficial por “inconstitucional” y la presentación de un dictamen alternativo. Además, Garrido aseguró que el objetivo de la iniciativa es “impedir que el próximo titular del Poder Ejecutivo intervenga si quiera en la designación de subrogantes”.
La réplica oficial la encabezó la kirchnerista Diana Conti, quien recordó que antes de la creación del Consejo de la Magistratura “se cubrían las subrogancias con un fiscal, un defensor, un funcionario” y que “hoy estamos en otro contexto: por acuerdo de Partido Justicialista y el partido radical se creó en la Constitución el Ministerio Público Fiscal como órgano extrapoder y el Consejo de la Magistratura”, con la facultad de “seleccionar candidatos a jueces y juezas y proveer las subrogancias de lugares vacantes”.
Agregó que “desde hace 12 o 15 años a la fecha, el Poder Judicial mantuvo 20 por ciento de lugares vacantes” y que “con distintos reglamentos el Consejo de la Magistratura, en sus distintas composiciones, también se daba el 20 por ciento y tampoco hubo objeción alguna de índole político o jurídico”. “Este remanente se mantiene y las vacancias son habituales”, advirtió.
