El kirchnerismo busca convertir en ley cinco proyectos para acompañar el debut del sistema acusatorio. También se trata un régimen para la designación de jueces subrogantes. La oposición apoyará de manera parcial.
En un debate que ya lleva más de cuatro horas, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados intenta convertir en ley los cinco proyectos de implementación del nuevo Código Procesal Penal, además de un régimen para jueces subrogantes.
Se trata de una norma de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; nuevas leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y modificaciones al Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.
Las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1ro de marzo del año próximo, si bien la versión original del proyecto contemplaba la implementación este mismo año.
La oposición volvió a apuntar a la reforma del Ministerio Público Fiscal, al advertir que la propuesta oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó, acusada de designar fiscales “afines” al Gobierno.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (FpV) salió al cruce de estas objeciones al advertir que “el núcleo” de las críticas de los bloques opositores “no está puesto en el Ministerio Público ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce”.
“Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto”, consideró la miembro informante del oficialismo, aunque aclaró: “yo no tengo que defender a nadie y a nadie blindaría ni blindé nunca”.
La bonaerense, que además integró la comisión bicameral que estudió la implementación de la reforma procesal penal, indicó entonces que “si privamos a la gente de un factor que la empodera no vamos a poder tener justicia”.
Por eso, negó que “con estas leyes se vote el blindaje” del poder y alertó que “hay gente en el recinto que quiere que este gobierno no termine en paz”. “Algunos quieren que no haya acceso a la justicia para todos y lo demuestran de distintas maneras”, insistió.
La posición del radicalismo fue resumida por Manuel Garrido, quien denunció que con la nueva Ley del Ministerio Público “estamos generando un organismo sin frenos y contrapesos básicos en una democracia”.
“Estamos estableciendo una monarquía dentro de nuestro sistema democrático: no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo”, explicó el legislador.
Según advirtió durante la sesión, la actual jefa de los fiscales “tendrá libertad de acción sin rendición de cuentas, poniendo y sacando fiscales sin los debidos procesos”.
Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista, aportó también que “no tiene lógica que los fiscales de distrito sean designados a dedo por el procurador, porque tienen gran poder”.
Por su parte, Pablo Tonelli (Unión Pro) se opuso a las leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal y de organización del Poder Judicial, al asegurar que “violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” ya que todavía no se hizo efectivo el traspaso de la Justicia Nacional.
La camporista Anabel Fernández Sagasti recogió el guante y explicó que dicho traspaso “se paralizó” por la falta de aceptación de un tercer convenio con la Nación por parte de la Legislatura porteña, ya que “reclaman el traspaso con los cargos y el presupuesto”.
“¿Por qué todas las demás provincias tenemos que hacernos cargo de nuestra Justicia y todos los argentinos tenemos que pagar la Justicia de la Ciudad cuando se traspase?”, se preguntó la mendocina.
De todos modos, fue Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien encabezó las críticas más duras hacia la oposición, a la que acusó de “hundir a la democracia”.
Conti tildó de “ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria de la oposición junto con el diario La Nación y el monopolio, de que queremos cooptar a la Justicia y buscamos impunidad”.
La legisladora sentenció que los argumentos de la oposición para oponerse a los proyectos de aplicación del nuevo Código obedecen a una “cuestión política”.
“Es una oposición que no puede caminar y construir territorio, entonces busca los estrados judiciales para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos”, disparó la kirchnerista.
Otra de las reiteradas objeciones de la oposición tiene que ver con que el proyecto no establece la fecha de la puesta en marcha del nuevo Código en la Justicia Federal, que contiene los delitos de narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros.
